El Perú vuelve a caminar peligrosamente sobre la cornisa. A pocos meses de un nuevo proceso electoral, el escenario político nacional parece haberse convertido en una mezcla explosiva de denuncias de presunta corrupción, pedidos de auditorías internacionales, amenazas de demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional y discursos radicales que hace apenas algunos años hubiesen parecido impensables en una contienda democrática moderna.
La crisis no es únicamente institucional. Es también narrativa, emocional y profundamente simbólica. El país parece atrapado en un permanente estado de confrontación donde ningún actor político reconoce legitimidad en el adversario y donde cada elección termina convertida en una batalla existencial.
En ese contexto, las recientes solicitudes de elecciones complementarias y auditorías internacionales revelan algo más profundo que simples discrepancias políticas: reflejan el colapso de la confianza ciudadana en las instituciones electorales. La sospecha permanente se ha convertido en una herramienta política rentable. Hoy no basta con perder; ahora también es necesario instalar la idea de fraude, manipulación o conspiración.
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Pero quizá el fenómeno más preocupante sea el resurgimiento de discursos radicales que apelan directamente al resentimiento, al nacionalismo extremo y a la confrontación permanente como forma de hacer política. Allí aparece nuevamente la figura de Antauro Humala, convertido otra vez en protagonista del debate público gracias a declaraciones incendiarias y propuestas que bordean peligrosamente la provocación internacional y el autoritarismo.
Hablar de “declarar la guerra a Chile” o deslizar ideas delirantes como “secuestrar al rey de España” no son simples exabruptos folclóricos. Son mensajes que buscan conectar con un sector desencantado, frustrado y cansado de una clase política tradicional que lleva años acumulando promesas incumplidas, corrupción y precariedad institucional.
Lo más llamativo, sin embargo, es cómo varios sectores que antes coquetearon con ese discurso hoy intentan desesperadamente tomar distancia. El candidato vinculado a Juntos por el Perú parece entender que el problema de acercarse al radicalismo es que tarde o temprano este termina devorando cualquier intento de moderación. Hoy intenta despegarse de Antauro, de sus palabras, de sus excesos y de su pasado político, consciente de que el electorado peruano puede tolerar el enojo, pero no necesariamente el delirio.
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Y allí radica el gran dilema nacional. El Perú está molesto, desencantado y profundamente dividido. Pero también parece agotado de la improvisación, de la confrontación permanente y de los caudillos que convierten la política en espectáculo.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional vuelve a ser arrastrado al centro de la tormenta mediante posibles demandas competenciales que amenazan con tensar aún más el equilibrio institucional. La justicia electoral, el Congreso, el Ejecutivo y los organismos autónomos parecen vivir atrapados en una guerra de desgaste que erosiona cada día más la credibilidad del sistema democrático.
La pregunta de fondo ya no es quién ganará las próximas elecciones. La verdadera pregunta es si el Perú será capaz de llegar a ellas conservando mínimos consensos democráticos y evitando que el miedo, la ira y la desinformación terminen definiendo el rumbo del país.
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Porque cuando la política pierde racionalidad, los extremos dejan de parecer imposibles y comienzan, peligrosamente, a parecer inevitables.