El Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país impuesto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei, ambos investigados en el denominado caso ‘Chibolín’ por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. La decisión, adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, responde a que la medida, que tenía una vigencia de 18 meses desde octubre de 2024, venció el 20 de abril sin que la Fiscalía Suprema solicitara su prórroga. Según informó RPP, la resolución incluye a otros implicados en el proceso, entre ellos el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.
La investigación fiscal, liderada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, indaga la supuesta participación de Andrés Hurtado en la entrega de una coima por parte de Javier Miu Lei. El objetivo habría sido que Elizabeth Peralta, entonces fiscal superior titular, interviniera para que el empresario pudiera recuperar varias barras de oro incautadas a su empresa en 2020 por el Ministerio Público. Este presunto pago constituye uno de los tres hechos bajo indagación en el expediente penal.
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El juez Checkley declaró de oficio la caducidad de la medida restrictiva tras constatar que la Fiscalía Suprema no presentó a tiempo la solicitud para su extensión. En la resolución, citada por RPP, se señala que, al no haberse requerido la prórroga dentro del plazo legal, el impedimento de salida del país expiró de manera automática para Peralta y Miu Lei.
Medidas cautelares para los investigados
A pesar de la expiración del impedimento de salida, Elizabeth Peralta permanece internada en el penal Anexo de Mujeres en el distrito limeño de Chorrillos, bajo cumplimiento de una orden de prisión preventiva derivada de este proceso penal.
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Por su parte, Javier Miu Lei continúa sometido a un mandato de comparecencia con restricciones. Esta disposición exige que el empresario cumpla ciertas obligaciones procesales, como presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no ausentarse de su domicilio sin autorización.
La resolución judicial, emitida el 28 de abril, aclara que el levantamiento de la medida migratoria obedece exclusivamente al vencimiento del plazo legal, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados. El caso permanece bajo la órbita de la Fiscalía Suprema, que prosigue con las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
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Avance del proceso penal
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos mantiene abierta la indagación sobre la presunta intervención de Andrés Hurtado en la entrega de una suma de dinero a Elizabeth Peralta a través de Javier Miu Lei. El objetivo habría sido recuperar las barras de oro incautadas en 2020. Además, el expediente fiscal abarca otros dos hechos relacionados que siguen en investigación.
Los delitos atribuidos a los involucrados incluyen tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado peruano. El proceso penal continúa su curso con todas las medidas cautelares vigentes, mientras la Fiscalía Suprema determina los siguientes pasos en la causa.
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Ordenan cerrar investigación contra Andrés Hurtado
El Poder Judicial ordenó el cierre de la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por presuntos actos de corrupción en conjunto con la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta. Esta decisión obliga a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos a definir si archiva los cargos o presenta una acusación formal. El abogado de Hurtado, Elio Riera, afirmó que la Fiscalía había solicitado una ampliación de cuatro meses en el plazo de investigación, pero el pedido fue rechazado al considerar que todas las diligencias necesarias ya se realizaron y no corresponde extender el proceso por demoras administrativas.
Aunque se ordenó el cierre de la investigación, la situación de Hurtado respecto a la prisión preventiva sigue pendiente. El Ministerio Público solicitó una prórroga de 18 meses de esta medida, argumentando la complejidad del caso y el riesgo de fuga, ya que Hurtado no tendría arraigo familiar, laboral ni domiciliario. El fiscal adjunto supremo Denis Pérez señaló que el conductor carece de empleo estable y residencia fija desde la pérdida de su vínculo laboral con Panamericana Televisión, y que suele hospedarse en hoteles, lo que incrementa el riesgo procesal.
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La defensa de Hurtado negó la supuesta complejidad especial del caso y cuestionó la valoración fiscal sobre su situación laboral y personal. Además, sostuvo que no se ha acreditado la ruta financiera de los fondos investigados y que la presencia de Hurtado es necesaria para el sostenimiento de su hija menor. Ahora la Fiscalía deberá decidir si formula una acusación o archiva definitivamente el caso, mientras la prolongación de la prisión preventiva de Hurtado queda en evaluación judicial.