El candidato presidencial Ricardo Belmont Cassinelli reaparece en la política peruana luego de figurar en las recientes encuestas de intención de voto para las elecciones generales 2026. No obstante, su candidatura ha sido marcada por su controversial trayectoria empresarial y procesos fiscalés en curso dentro de la Fiscalía.
Belmont, de 80 años, es un empresario y comunicador con una larga presencia en la vida política peruana. De acuerdo con firmación difundida por América Televisión, a lo largo de las últimas décadas ha participado en ocho procesos electorales, postulando a cargos como la alcaldía de Lima, el Congreso y la Presidencia de la República. En dos oportunidades fue elegido alcalde de la capital, en 1989 y 1993.
Su carrera también ha estado vinculada a los medios de comunicación, especialmente a la Red Bicolor de Comunicaciones (RBC), grupo que dio origen a RBC Televisión, actualmente conocida como Viva TV. Este proyecto mediático consolidó su presencia pública, aunque también es uno de los principales focos de controversia en torno a su figura.
Reclamos de accionistas y conflictos por RBC
Uno de los principales cuestionamientos contra Belmont está relacionado con el proyecto denominado “Canal del Pueblo”, impulsado en la década de 1980. Según informó el citado medio, más de 100.000 personas invirtieron en esta iniciativa, motivadas por la promesa de participación en el canal televisivo.
Con el paso de los años, al menos 56.000 accionistas comenzaron a reclamar la devolución de su dinero sin obtener respuesta. Según información publicada por la revista COSAS, un gran número de inversionistas denunció la falta de retorno económico, pese a que se habrían recaudado entre 6 y 7 millones de dólares. Incluso, algunos grupos iniciaron acciones legales. Los aportantes no recibieron retribución y muchos de ellos fallecieron esperando la devolución de sus aportes.
El control de RBC Televisión también ha estado marcado por disputas internas. Transferencias de acciones, decisiones judiciales y enfrentamientos familiares han caracterizado la historia de la empresa. En 2022, estas tensiones llegaron a incluir incidentes físicos relacionados con el control de la señal televisiva.
Financiamiento e investigaciones fiscales
En el ámbito electoral, Belmont ha reportado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ingresos por 133.000 soles, provenientes de aportes realizados a través de billeteras digitales y plataformas virtuales. Este mecanismo de financiamiento ha sido parte de su estrategia política en la actual campaña.
Paralelamente, el candidato registra al menos cuatro investigaciones fiscales en el Ministerio Público. Estas incluyen indagaciones por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación, las cuales continúan en etapa de evaluación por las autoridades competentes.
Los procesos en curso forman parte de los antecedentes que acompañan su candidatura y han sido mencionados en distintos reportes sobre su perfil político y empresarial.
Cuestionables propuestas de seguridad
En medio de este escenario, Belmont también ha expuesto sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. En declaraciones recientes, planteó un enfoque centrado en el cambio social y educativo, con énfasis en la cultura y el deporte como herramientas para enfrentar problemas como la extorsión y el sicariato.
Sus planteamientos se dan en un contexto de incremento de la violencia en el país, donde se reportan más de 500 homicidios en los primeros meses de 2026 y una expansión de actividades delictivas en diversas regiones. Este panorama ha intensificado el debate sobre las estrategias necesarias para combatir la inseguridad.
Las propuestas del candidato han generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático, en medio de una campaña electoral marcada por la confrontación de ideas y el análisis de las trayectorias de los aspirantes a la Presidencia.