Menos concesiones, más ilegalidad

El reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, ha sido presentado como una medida para dinamizar el acceso al territorio. Sin embargo, más que una solución, representa un riesgo para el desarrollo del país y una señal preocupante de desconexión con la realidad del sector.

La minería no funciona en ciclos cortos. Desde la exploración hasta la producción, pasando por ampliaciones y reposiciones, los proyectos requieren décadas para madurar. En el Perú, los grandes desarrollos mineros han tomado incluso hasta 40 años. Pretender acortar los plazos de concesión en este contexto no solo carece de sustento técnico, sino que genera incertidumbre y desalienta inversiones que son clave para el crecimiento económico y el desarrollo territorial.

Esta propuesta ni siquiera responde a las verdaderas prioridades del sector. El principal desafío del país no es la duración de las concesiones, sino la expansión de la minería ilegal, que avanza en ausencia del Estado, depreda ecosistemas y somete a miles de peruanos a condiciones de violencia y explotación. Debilitar el marco formal —como lo hace esta iniciativa— solo abre más espacios para estas economías ilícitas.

Quienes defienden este predictamen, señalan que se busca impulsar la pequeña minería. La evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de concesiones invadidas por la minería informal pertenecen justamente a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes hoy no cuentan con la protección efectiva del Estado. Reducir los plazos de concesión no los fortalece; los expone aún más.

La verdadera ruta pasa por la formalización. La ilegalidad no se combate con más informalidad, sino con reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas coherentes. En esa línea, el Congreso tiene una tarea urgente: consolidar una Ley MAPE que permita el desarrollo sostenible de la pequeña minería, con criterios técnicos y mecanismos reales de acompañamiento.

Asimismo, es indispensable abordar uno de los principales cuellos de botella del sector: la permisología. Hoy, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar décadas no por falta de recursos, sino por la complejidad y lentitud de los procesos administrativos. Agilizar evaluaciones, mejorar la calidad de los expedientes y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital debería estar en el centro de la agenda de nuestras autoridades.

El reto del país no es solo atraer inversión, sino convertir la minería en desarrollo sostenible para la ciudadanía. Eso implica mirar el largo plazo, generar confianza y asegurar que los beneficios de la actividad lleguen efectivamente a las regiones.

Lamentablemente, iniciativas como este predictamen refuerzan la percepción de que se legisla respondiendo a intereses de corto plazo o de grupos específicos, en lugar de pensar en el bienestar colectivo. Esta desconexión alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El Perú merece autoridades con una visión más amplia, capaces de entender la complejidad del sector y de priorizar políticas que generen desarrollo real. Ese es un desafío que también corresponde a la ciudadanía, que tiene en sus manos la posibilidad de exigir mejores decisiones.

Reducir concesiones no es el camino. Apostar por la formalidad, la competitividad y la sostenibilidad sí lo es.