Más que una buena pesca, una política pública que sí funciona

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 24 de marzo de 2026, sobre las políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en el Perú, generó un consenso poco habitual al reconocer un sistema de gestión pesquera, particularmente en el ámbito industrial, sustentado en evidencia científica, con un marco de ordenamiento sólido y alineado con estándares internacionales.

La OCDE no sólo muestra que el Perú tenga una buena política pesquera, sino también que, en ese sector, el Estado peruano ha logrado construir un sistema que funciona. Uno que toma decisiones con base en información científica, que aplica reglas previsibles y que cuenta con mecanismos de control efectivos. En otras palabras, un sistema que, en los hechos, ya opera con estándares OCDE.

Ese es el verdadero punto de partida.

La gestión pesquera peruana no es improvisada, esta se sostiene sobre una arquitectura institucional compleja que articula la investigación científica y la regulación. Las decisiones sobre cuotas, vedas y temporadas de pesca se sustentan en recomendaciones técnicas y en información científica. A ello se suma un conjunto de herramientas de trazabilidad y seguimiento que permiten supervisar de manera continua la actividad, particularmente en la flota industrial.

En esa línea, los resultados son concretos, al obtener pesquerías en niveles biológicamente sostenibles, el posicionamiento de una de las principales industrias pesqueras del mundo y una reputación internacional que hoy es validada por la OCDE.

Hay, además, un elemento poco destacado que resulta especialmente revelador. A diferencia de muchos países de la OCDE, el Perú ha desarrollado este sistema con menor dependencia de subsidios, con niveles de apoyo significativamente inferiores al promedio de esos países. Ese equilibrio entre sustento científico, legislación basada en información técnica y científica y la capacidad de gestión constituye un activo que el país aún no termina de reconocer plenamente.

Sin embargo, el informe no es solo una validación. Es también una advertencia.

El Perú ha logrado consolidar un estándar alto en la pesca industrial, pero ese mismo nivel no se replica de manera homogénea en todo el sector pesquero peruano. Persisten brechas importantes en la pesca artesanal, en la acuicultura y, sobre todo, en la capacidad de implementación a nivel regional. La informalidad, las limitaciones institucionales en territorio y la fragmentación en la gestión siguen siendo desafíos pendientes.

El desafío que plantea la OCDE ya no es meramente técnico, pues no se trata de aprender a gestionar mejor la pesca —eso, en gran medida, ya se ha logrado— sino de avanzar hacia una segunda generación de políticas, fortalecer la gobernanza territorial, simplificar marcos regulatorios, integrar mejor a los actores más rezagados y consolidar la sostenibilidad en todo el ecosistema.

En ese tránsito, la pesca ofrece una lección que trasciende al propio sector.

Demuestra que es posible construir políticas públicas basadas en evidencia científica, con instituciones técnicas sólidas y normas, incluso en contextos complejos. Demuestra, también, que el Estado peruano sí tiene la capacidad de operar con estándares internacionales cuando existe continuidad, enfoque técnico y voluntad de sostener decisiones en el tiempo.

Por ello, el informe de la OCDE no debe leerse solo como una buena noticia para el sector pesquero. Se trata de un estudio técnico que analiza la legislación, la planificación y la gestión científica de la pesca industrial peruana, y evidencia cómo el Estado peruano ha desarrollado capacidades institucionales para operar con estándares internacionales. En este ámbito, el Perú ya constituye un ejemplo, y cabe preguntarse por qué solo el sector industrial sigue siendo la excepción dentro de la pesca nacional.