El Consejo Fiscal encendió una nueva alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas tras la aprobación, en menos de un mes, de un conjunto de normas que incrementan de forma significativa el gasto del Estado. Según el organismo, solo en las últimas tres sesiones del Congreso se aprobaron 11 leyes que generan obligaciones fiscales permanentes sin contar con fuentes de financiamiento claramente definidas.
El impacto de estas medidas no es menor. El costo anual de lo aprobado en marzo asciende, al menos, a S/ 11.400 millones, pero podría llegar a S/ 15.000 millones si se suman iniciativas aprobadas a finales de 2025 que no fueron consideradas en el presupuesto inicial de 2026. Este escenario, advierte el Consejo Fiscal, compromete el equilibrio de las cuentas públicas y eleva el riesgo de incumplir nuevamente las reglas fiscales.
Normas aprobadas sin sustento financiero
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de análisis técnico y de respaldo presupuestal en las decisiones del Parlamento. De acuerdo con el economista Víctor Fuentes, del Instituto Peruano de Economía (IPE), para 24 Horas. “La aprobación de normas del Congreso sin un financiamiento establecido pone en riesgo las cuentas fiscales del país, su sostenibilidad fiscal, y eso tiene un impacto duro, directo y claro sobre el bolsillo de los hogares”.
Entre las medidas aprobadas destacan el incremento de pensiones para militares y policías, la nueva escala para docentes jubilados y la ampliación de beneficios laborales para trabajadores bajo el régimen CAS. Estas decisiones implican costos millonarios y permanentes para el Estado, lo que limita su margen de maniobra en los próximos años.
Principales focos de gasto
El informe del Consejo Fiscal identifica algunas iniciativas como especialmente onerosas. La nivelación de pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual representa uno de los mayores impactos, con un costo estimado de al menos S/ 8.000 millones anuales. A ello se suma el otorgamiento de beneficios a trabajadores CAS, que demandaría alrededor de S/ 3.000 millones por año.
Asimismo, la modificación del régimen pensionario militar y policial implicaría un costo aproximado de S/ 15.000 millones en total. Otras normas incluyen la creación de nuevas universidades, bonificaciones para veteranos de la pacificación nacional y cambios en los contratos del sector salud, ampliando aún más la presión sobre el gasto público.
Impacto en el déficit y la deuda
El Consejo Fiscal advierte que estas medidas tendrán efectos inmediatos y persistentes sobre el déficit fiscal. Solo en 2026, el gasto adicional no previsto alcanzaría al menos S/ 6.500 millones, trasladando mayores presiones al presupuesto del 2027.
Este incremento ocurre en un contexto donde ya se había previsto un aumento significativo en planillas y pensiones por S/ 11.200 millones. La combinación de ambos factores eleva considerablemente el riesgo de un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales y presiona al alza la deuda pública.
“El deterioro fiscal será cada vez más difícil de revertir”, alertó el organismo, al señalar que estas decisiones reducen el espacio fiscal disponible para futuras administraciones.
Ajustes y recortes inevitables
Frente a este escenario, el país enfrentará decisiones complejas. Según Fuentes, existen dos caminos: aumentar ingresos o recortar gastos. “Tenemos dos alternativas: o reducimos otros gastos. Por ejemplo, con los incrementos en las remuneraciones del Congreso se afectaron partidas para Beca 18 y otros gastos que impulsan la productividad de los jóvenes. Es una manera de ajustarse, es decir, reducir gastos”, dijo.
El Consejo Fiscal también advierte sobre el alto costo de oportunidad de estas decisiones. Los S/ 11.400 millones anuales aprobados en marzo equivalen a varias veces el presupuesto de programas sociales clave, lo que implica priorizar beneficios específicos en detrimento de políticas públicas de mayor alcance.
Cuestionamientos al Ejecutivo
El organismo no solo responsabiliza al Congreso, sino también al Poder Ejecutivo por no haber observado normas con alto impacto fiscal ni recurrido a mecanismos legales para frenarlas. Esta inacción, señala, debilita la institucionalidad fiscal y permite que se aprueben medidas que contravienen el marco legal vigente.
Además, recuerda que existe una prohibición expresa de aprobar incrementos en gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral, lo que habría sido vulnerado con estas normas.
De no adoptarse medidas correctivas, el Consejo Fiscal advierte que el Perú podría enfrentar un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, afectando la credibilidad de su política económica y comprometiendo la estabilidad a largo plazo.