Otros tres sobrinos del aspirante presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, obtuvieron contratos con el Estado, según una investigación difundida este domingo por Perú21.
El diario señaló que Andy Acuña, arquitecto titulado en la Universidad César Vallejo (UCV), ha conseguido contratos estatales en los últimos cinco años que suman S/279,000. Su trabajo más rentable se realizó con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), dependiente del Ministerio de la Producción.
De acuerdo con los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el arquitecto firmó su primer contrato el 11 de diciembre de 2021 con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el gobierno de Pedro Castillo, por S/9,000.
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El OSCE precisó que sus funciones consistieron en “evaluación y análisis de la información contenida en expedientes”, una labor ajena a su especialidad.
En 2022, obtuvo contratos con Fondepes por S/36,000 para ejercer como arquitecto en obras públicas, incluyendo la remodelación de pozas para cultivos. Durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte, continuó recibiendo órdenes de servicio por S/13,500, S/18,000 y S/27,000 entre 2023 y 2024, siempre con Fondepes.
Para 2025 no aparecen más contratos con esa entidad, aunque sí con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), adscrito al Ministerio de Educación, por S/36,000, donde inspeccionó “la conservación de sistemas modulares”, es decir, aulas prefabricadas para escuelas públicas.
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Otra sobrina mencionada en la investigación es Sheyla Acuña García, ingeniera civil, quien en 2023, un año después de graduarse, firmó una orden de servicio por S/6,000 como asistente de proyectos y obras en la subgerencia de infraestructura de la Municipalidad de Magdalena.
Su contratación coincidió con el periodo en que el alcalde Francis Allison militaba en APP. Consultado por Perú21, la autoridad edil sostuvo que esas “órdenes de servicio no pasan” por su despacho y aclaró que la ingeniera solo percibió S/3,000 porque no permaneció el tiempo completo pactado.
“El apellido de un profesional no es un criterio de contratación ni de exclusión en mi gestión”, declaró Allison. La sobrina, por su parte, aseguró que alcanzó el puesto tras un proceso regular de postulación. “Posteriormente, se presentó una mejor oportunidad laboral y tomé la decisión de desistir del cargo”, mencionó al diario. Fue la única que emitió comentarios al medio.
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En 2026, Carol Acuña Palomino, abogada de 47 años que figura como trabajadora de la UCV, firmó un contrato con la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) en Trujillo por S/6,000, con una orden de servicio para una labor especializada.
Otro caso
Semanas atrás, el programa Beto a Saber de Willax reveló que Julio César Fernández Acuña, otro sobrino del aspirante presidencial, multiplicó por seis los ingresos que recibía del Estado. Comenzó en la Municipalidad de Lambayeque, donde percibía un salario de 1.750 soles, pero con el tiempo su sueldo aumentó hasta 5.000 soles.
Posteriormente, trabajó en la Municipalidad del distrito de La Victoria, en Chiclayo, y actualmente forma parte de la red del Seguro Social (EsSalud), con una remuneración de 11 mil soles.
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Consultado por su ascenso y el incremento de su salario, el familiar del aspirante presidencial afirmó estar calificado para el puesto. “Soy profesional. Puedes buscarme en Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)”, respondió.