Luis Quiroz Avilés presentó su renuncia a la jefatura del Ministerio de Salud, según confirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en medio de una coyuntura marcada por presión política, señalamiento de ser la ‘carta’ de Alianza para el Progreso y una crisis de abastecimiento de insulina. Su salida ocurre a menos de diez días de que el gabinete solicite el voto de confianza ante el Congreso, un trámite que podría definir la continuidad del actual equipo ministerial.
Pese a que la premier asegura que aún está en evaluación aceptar la dimisión de Quiroz, el nombre de Juan Carlos Velasco —hasta hace unos días presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS)— encabeza la lista de posibles sucesores para el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, el médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres y especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal no está exento de controversias.
Una carta enviada por el Banco Mundial al despacho de Luis Quiroz el 26 de enero de 2026 expone una serie de observaciones sobre la gestión del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública”, financiado por el organismo internacional y ejecutado a través del INS bajo la presidencia ejecutiva de Velasco, quien asumió el cargo desde fines de noviembre.
El documento, firmado por Issam A. Abousleiman, director regional para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, reconoce avances en la ejecución de recursos y adjudicación de tecnologías, pero advierte sobre “dificultades administrativas en la formalización y otorgamiento de conformidades” para el personal clave, así como “demoras en la delegación de facultades y en el pago al equipo de la Unidad Ejecutora 004”.
El Banco Mundial subrayó en su carta que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el proyecto atravesó una etapa crítica, cercana a la suspensión, que solo pudo revertirse por la intervención directa del Minsa, el INS y la Unidad Ejecutora. No obstante, el ente multilateral alertó entonces que el entorno de coordinación “no configura, en su estado actual, un marco idóneo para una extensión del proyecto” y solicitó una reunión urgente para definir los compromisos necesarios que permitan restablecer condiciones sólidas de gobernanza y ejecución.
Enfatizó que la definición sobre una eventual extensión del proyecto es “crítica” para iniciar a tiempo los procesos de licitación de las obras pendientes y advirtió que, de no resolverse prontamente los problemas de gestión, no sería posible ejecutar las obras pendientes dentro de los plazos razonables, incluso si se aprueba una prórroga.
Entre los problemas concretos señalados figuran impedimentos para el traslado del equipamiento y mobiliario de la Unidad Ejecutora, retrasos en autorizaciones de pago y falta de claridad en la evaluación de desempeño del personal, lo que ha afectado la continuidad operativa del proyecto.
En diálogo con Infobae Perú, Juan Carlos Velasco explicó que la Unidad Ejecutora 004, encargada de gestionar el proyecto financiado con un préstamo de 300 millones de soles del Banco Mundial, realizó un proceso de alquiler de local que no cumplía los requisitos de funcionamiento establecidos por la Municipalidad de San Isidro.
Detalló que el sindicato del INS presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la cual fue informada tanto al Ministro como al Viceministro de Salud y recalcó que el problema radica en la gestión de la ejecutora, que administra fondos provenientes del préstamo internacional, y no en la totalidad del INS.
¿Vínculos con Alianza para el Progreso?
Mientras algunas voces lo vinculan con el APRA, otros apuntan al partido de Alianza para el Progreso. Sin embargo, durante su paso por la Superintendencia de Susalud emprendió acciones legales contra el entonces titular del Minsa y hoy candidato por APP, César Vásquez.
En julio de 2024, mediante una medida cautelar, el ministerio le impidió continuar desempeñándose como jefe de la Superintendencia Nacional de Salud, tras la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. El argumento oficial señalaba que bajo su dirección no se atendían a tiempo las más de 8.000 denuncias anuales presentadas por los usuarios de los servicios y seguros de salud. Sin embargo, el 16 de septiembre, por orden del Poder Judicial, Velasco fue repuesto provisionalmente en el cargo.
El juez Juan Carlos Núñez, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, resolvió que el cese temporal carecía de motivación objetiva, afectando el derecho constitucional al trabajo de Velasco. También dejó sin efecto la designación de José Cabrejo Paredes, médico cercano al ministro Vásquez y exdocente de las universidades vinculadas a la familia Acuña, líder de APP.
La sentencia judicial subrayó que la medida administrativa no evaluó de manera suficiente las causas estructurales que afectan a Susalud, ni consideró el impacto de la pandemia de la covid-19 y la falta de recursos presupuestales. El tribunal determinó que no existió una debida motivación ni proporcionalidad en la sanción impuesta, por lo que ordenó la reposición inmediata de Velasco y la emisión de un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado.
El Ministerio de Salud sostuvo que, entre el 1 de noviembre de 2021 y el 17 de abril de 2024, durante la gestión de Velasco, prescribieron 134 denuncias contra clínicas y centros de salud privados, lo que, según argumentan, evidencia una deficiencia en la organización y supervisión de los servicios a cargo de Susalud. Sin embargo, consultado por Salud con Lupa, Velasco indicó que en reiteradas ocasiones advirtió a las áreas pertinentes sobre la sobrecarga administrativa y la insuficiencia de personal jurídico, factores agravados por la pandemia y la falta de asignación presupuestal.
Antes de la crisis sanitaria, Susalud contaba con solo dos abogados para tramitar alrededor de 700 denuncias anuales a nivel nacional. Con el aumento de casos tras la pandemia, la dotación legal se incrementó a ocho abogados, pero este número resultó insuficiente para procesar más de 8.000 denuncias anuales. En 2022, Velasco solicitó al Ministerio de Salud un presupuesto adicional de S/ 50 millones para reforzar el equipo y atender oportunamente las quejas, sin recibir respuesta positiva.