El reciente incidente en el sistema de gas de Camisea ha visibilizado en el Perú una situación alarmante, ya que la principal fuente energética y pilar de la generación eléctrica del país se encuentra en riesgo. A ello, se suman los conflictos internacionales que desestabilizan la provisión mundial y equitativa de los combustibles más consumidos, que amenazan la estabilidad de nuestra matriz energética, que aún necesita avanzar a horizontes más seguros. Toda esta situación ha demostrado que tal dependencia puede mostrarse de inmediato como una vulnerabilidad estructural. Sin embargo, toda crisis representa también una oportunidad para reformular las decisiones que el Estado ha venido dejando atrás.
A esta problemática, se suma uno de los últimos informes publicados por el Ministerio de Energía y Minas en 2025, con el apoyo de The Nature Conservancy Perú, sobre la zonificación de energía renovables, que busca contribuir con la evaluación del potencial de centrales fotovoltaicas y eólicas en el territorio nacional, donde se identifica que zonas de alta vulnerabilidad, como la región Loreto, no cuenta con el terreno más óptimo para instalación de estas, al llegar solo a un nivel aceptable. Es decir, en esta zona no puede establecerse una planificación a largo plazo con base en energías renovables, sino que se presenta como una solución a corto y mediano plazo, con el objetivo de cubrir la crisis de forma urgente. El clima amazónico húmedo y las más de 5 mil hectáreas necesarias para la implementación de centrales fotovoltaicas en un espacio rodeado de humedales y demás cuerpos hídricos, como Iquitos, complejizan considerar a estas alternativas como las únicas posibles para la región en cuestión.
Por lo tanto, es urgente analizar alternativas que garanticen nuestra soberanía energética. En ese sentido, la energía nuclear resulta una pieza clave para la ampliación de la matriz de género eléctrica nacional. Para ello, es imperante la aprobación del dictamen de la Ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de Reactores Modulares Pequeños (SMR) en el país, en el pleno del Congreso de la República, donde lleva ya un tiempo en agenda, ganando legitimidad progresivamente; pero donde también necesita ser priorizado.
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Paradójicamente, el Instituto Peruano de Energía Nuclear se encuentra preparado para encabezar este proceso, desde la formación especializada, hasta la promoción de SMR, que podrían configurar positivamente la realidad de los territorios más aislados del país. Aunque la experiencia peruana se haya basado principalmente en reactores de investigación, se ha podido institucionalizar una comunidad científica nuclear altamente calificada. Debemos actuar ya. La actual crisis demanda que el Congreso priorice la ley descrita y abra paso a un futuro energético, robusto, seguro y soberano. Nuestro país debe seguir el ejemplo de países como Francia, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y distintos países europeos, que vienen reforzando sus programas nucleares como parte esencial de sus estrategias de descarbonización y seguridad energética.
Como ha podido verse, el Perú debe construir una matriz energética más diversificada, sostenible y soberana, para lo que se requiere una clara voluntad política. Hoy la pregunta es si el país será capaz de actuar en este momento álgido para dar el paso hacia una verdadera seguridad energética, basada en el uso de tecnologías eficientes a largo plazo, limpias y seguras.