En el Perú, cada día, 12 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas como consecuencia de abuso sexual. En ese escenario alarmante, San Juan de Lurigancho aparece como un punto crítico: no solo es el distrito más poblado del país, sino también el que registró el mayor número de partos de adolescentes a nivel nacional durante 2024. En el Día de la Mujer, las cifras revelan que el embarazo adolescente no es un problema lejano ni rural, sino una crisis urbana que atraviesa derechos, salud y proyectos de vida.
San Juan de Lurigancho es conocido por su tamaño y densidad poblacional. Sin embargo, detrás de sus calles y asentamientos, otro dato lo marca con fuerza: es uno de los distritos de Lima Metropolitana con mayor número de niñas y adolescentes que se convierten en madres, aunque sus tasas no sean las más altas del país.
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), el 8,4% de adolescentes de entre 15 y 19 años en el Perú ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez, y tres de cada cuatro de estos embarazos no fueron planificados. En Lima Metropolitana, esta situación se tradujo en 5 872 nacidos vivos de madres adolescentes en 2024, un incremento frente a los 5 110 registrados en 2023.
Dentro de ese panorama, San Juan de Lurigancho se consolidó como el distrito con el mayor número de partos en adolescentes de 15 a 19 años en todo el país, con 779 nacidos vivos. La cifra representa 113 casos más que el año anterior, es decir, un aumento del 17% en solo doce meses.
Este dato rompe con la idea de que el embarazo adolescente y la violencia sexual se concentran únicamente en zonas rurales o amazónicas. En los grandes centros urbanos, especialmente en distritos con pobreza, hacinamiento y servicios públicos saturados, el problema también se expresa con crudeza.
“Una adolescente que tiene un hijo y además es pobre tendrá muchas menos posibilidades de estudiar educación superior, porque debería tener al menos 10 años de calidad educativa previamente”, advierte Walter Mendoza, investigador titular de la Universidad Científica del Sur.
Más allá de los números
Las cifras nacionales refuerzan la gravedad del problema. Cada día, 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, en la mayoría de casos como resultado de abuso sexual.
El Ministerio de Salud reportó que entre enero y octubre de 2024 se atendieron 10 908 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en sus establecimientos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró más de 46 000 denuncias de violencia contra personas menores de edad en el mismo periodo, de las cuales 16 447 correspondieron a violencia sexual.
En el caso de niñas menores de 14 años, los embarazos no pueden considerarse voluntarios. En San Juan de Lurigancho, esta realidad es especialmente alarmante: durante 2024, el distrito registró 33 nacidos vivos de madres niñas de entre 10 y 14 años. Esta cifra lo ubica como el segundo distrito con mayor número de casos de maternidad infantil a nivel nacional, solo por debajo de Yarinacocha, en la región Ucayali.
Respecto a 2023, el número de niñas forzadas a la maternidad en San Juan de Lurigancho aumentó en 37,5%.
“Estamos hablando de violencia sexual sistemática. Muchas veces el embarazo es la prueba visible de una agresión que ya llevaba tiempo ocurriendo”, explica Elisa Juárez Chávez, médica y especialista en salud sexual y reproductiva, y docente de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur.
Violencia normalizada en contextos urbanos
En distritos como San Juan de Lurigancho, la violencia sexual está atravesada por dinámicas sociales que tienden a normalizarla. La alta densidad poblacional, el hacinamiento y la precariedad de los servicios generan condiciones de mayor vulnerabilidad.
“La densidad poblacional y el hacinamiento generan menos acceso a anticonceptivos, hospitales sobrecargados y ausencia de educación sexual integral. La violencia de género atraviesa también los espacios urbanos, no solo los rurales”, señala Shely Cabrera Loayza, abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos del Movimiento Manuela Ramos.
Ambas especialistas coinciden en que el embarazo adolescente es el resultado de múltiples factores: desigualdad de género, violencia en el hogar, barreras en el acceso a salud, y un sistema educativo que no garantiza una educación sexual integral efectiva.
En la práctica, tres de cada diez adolescentes unidas no utilizan métodos anticonceptivos. Las razones van más allá de la disponibilidad: muchas jóvenes evitan acudir a los centros de salud por temor a ser juzgadas o maltratadas. “El estigma funciona como una barrera tan efectiva como la falta de insumos”, afirma Cabrera.
Barreras en salud y justicia
El Estado peruano cuenta con normativas que garantizan la atención integral en casos de violencia sexual, incluida la entrega de kits de emergencia con anticonceptivos, antibióticos y retrovirales. Sin embargo, el acceso real a estos servicios sigue siendo limitado.
“Hay desabastecimiento, desconocimiento de protocolos y criterios discrecionales de los profesionales de salud, que deciden si corresponde o no entregar la anticoncepción de emergencia según su propia valoración del caso”, denuncia Juárez.
En el sistema de justicia, los procesos suelen ser revictimizantes: múltiples declaraciones, falta de personal especializado y demoras que dificultan la recolección oportuna de pruebas. Como resultado, la mayoría de agresores no recibe sanción.
Consecuencias que marcan vidas
El impacto del embarazo adolescente no termina con el parto. Según la ENDES, el 55,3% de adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas dejaron de estudiar por embarazo o matrimonio.
Sus hijas e hijos también enfrentan mayores riesgos: abandono paterno, menos cuidados por la inexperiencia y limitaciones económicas de las madres, y crecimiento en contextos de pobreza. Así, el ciclo de desigualdad y violencia tiende a reproducirse.
El rostro de la crisis en San Juan de Lurigancho
Con cerca de 1,3 millones de habitantes, San Juan de Lurigancho concentra tanto la magnitud del problema como las limitaciones del sistema de respuesta. La precariedad de los servicios de salud, la insuficiente oferta educativa y la falta de espacios seguros para adolescentes convierten al distrito en un reflejo de la crisis nacional.
“No se trata solo de cifras. Hablamos de adolescentes con proyectos de vida interrumpidos, que asumen responsabilidades prematuras sin las herramientas necesarias. Y hablamos también de un Estado que, hasta ahora, no garantiza sus derechos”, sostiene Cabrera.
¿Qué se puede hacer?
Las especialistas coinciden en que la respuesta debe ser urgente e integral, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho:
- Implementar Educación Sexual Integral en todos los colegios, con formación docente adecuada.
- Garantizar anticonceptivos y kits de emergencia en los centros de salud, sin estigmas ni discrecionalidad.
- Capacitar a personal de salud y operadores de justicia en enfoque de género y derechos humanos.
- Articular salud, justicia y educación para responder de manera coordinada a cada caso de violencia sexual.
- Fortalecer campañas comunitarias en el distrito para visibilizar derechos y generar redes de apoyo.
El embarazo adolescente no puede seguir tratándose como un hecho “normal”. Cada caso representa una vulneración de derechos que compromete la vida, la salud y el futuro de niñas y adolescentes. En San Juan de Lurigancho, la dimensión del problema recuerda que esta crisis es urbana, cercana y cotidiana.