En apenas 130 días, José Jerí fue destituido por el Congreso, convirtiéndose en el segundo presidente con el mandato más breve que ha tenido el Perú en los últimos diez años. Su salida, impulsada por una seguidilla de escándalos y un desplome en la aprobación ciudadana, evidencia la fragilidad institucional que atraviesa el país y la rapidez con que la política puede cambiar de rumbo en el escenario nacional.
La censura de Jerí fue aprobada tras una sesión extraordinaria del Congreso que se extendió por más de cuatro horas, donde 75 parlamentarios votaron a favor, 24 en contra y tres se abstuvieron. Los intentos de posponer el proceso mediante la vacancia presidencial fueron desestimados, y la decisión tomó fuerza después de semanas de polémicas: denuncias de tráfico de influencias, contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno y la aparición del escándalo conocido como Chifagate.
El rechazo de la opinión pública se reflejó en sondeos que mostraron un salto de veinte puntos porcentuales en la desaprobación del mandatario, superando el 70% en los últimos días de su gestión.
El mandato de Jerí quedó marcado por la falta de respuestas efectivas ante las múltiples investigaciones abiertas en su entorno y por la incapacidad de recuperar la confianza ciudadana. La presión institucional fue en aumento, con la Contraloría y la Fiscalía solicitando expedientes de contrataciones bajo sospecha y abriendo pesquisas por presunta corrupción. Tras la destitución, el Congreso activó el mecanismo de sucesión constitucional y anunció la elección del mandatario interino para el 18 de febrero, en medio de un ambiente político convulsionado y una sociedad expectante ante la transición.
Los cortos y escandalosos 130 días de Jerí en Palacio
La gestión de José Jerí estuvo marcada por el deterioro de la confianza pública y la acumulación de controversias que dificultaron la gobernabilidad. Desde su llegada al poder, Jerí debió enfrentar el escepticismo de diversos sectores políticos y sociales por una acusación de violación sexual —posteriormente archivada— que persistió como sombra sobre su mandato. El contexto de su elección fue tenso, con un Congreso fragmentado y una sociedad que exigía mayor transparencia y ética en la función pública.
Durante su presidencia, Jerí prometió implementar un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que nunca llegó a concretarse. Mientras tanto, el país registró un récord de 5,55 homicidios diarios en 2025, la cifra más alta desde 2017, y el eslogan “A toda máquina” quedó eclipsado por la sucesión de crisis. El caso Chifagate, que involucró reuniones no reportadas con empresarios chinos y la adjudicación de contratos millonarios sin suficiente transparencia, fue el episodio que aceleró su caída: imágenes del presidente encapuchado ingresando a un restaurante detonaron la crisis política y derivaron en investigaciones fiscales.
El deterioro de su imagen se agravó por denuncias de contrataciones estatales a allegadas sin experiencia, fiestas privadas con funcionarios y visitas nocturnas a Palacio. La Contraloría y la Fiscalía abrieron procesos por presuntos delitos contra la administración pública, mientras la popularidad de Jerí se desplomó del 58% al 30% en cuatro meses, según Ipsos, y llegó al 24% de acuerdo a Imasen. El Parlamento, ante la presión social e institucional, optó por la censura como salida a la crisis.
Los cinco días de Manuel Merino como presidente en el 2020
Manuel Merino tuvo el mandato presidencial más corto de la historia reciente del Perú. Asumió el poder el 10 de noviembre de 2020 en su condición de presidente del Congreso y militante de Acción Popular, tras la vacancia de Martín Vizcarra, aprobada por el Parlamento el 9 de noviembre con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Su gestión debía extenderse hasta julio de 2021, pero quedó rápidamente debilitada por una ola de protestas masivas y el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía.
Merino permaneció solo cinco días en el cargo, entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020. Desde su llegada al poder, una parte importante de la sociedad consideró ilegítima su asunción, lo que derivó en manifestaciones multitudinarias en diversas ciudades del país. La respuesta del gobierno frente a las protestas incluyó el uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía, lo que dejó numerosos heridos. El punto de quiebre se produjo el 14 de noviembre, cuando murieron dos manifestantes durante las movilizaciones, hecho que intensificó la presión política y social.
Tras estos sucesos, varios ministros presentaron su renuncia y el respaldo político al mandatario se erosionó rápidamente. Finalmente, el 15 de noviembre de 2020, Merino anunció su renuncia a la Presidencia, la cual fue aceptada ese mismo día por el Congreso en una sesión extraordinaria. Su brevísima gestión quedó asociada a la crisis institucional y se convirtió en un símbolo de la volatilidad política peruana, marcando un antes y un después en la relación entre el poder Legislativo, el Ejecutivo y la ciudadanía.