El sector empresarial peruano ha decidido intervenir en el debate público ante la inminente resolución del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. A pocas horas de que el Pleno del Congreso someta a votación las mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) emitió un pronunciamiento sobre su posición como gremio. El mensaje es una advertencia sobre el impacto económico de un eventual séptimo cambio de mando en diez años, especialmente en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Para la organización, el escenario actual no permite más dilaciones ni errores de cálculo político. En su comunicado, el gremio enfatizó que “la estabilidad no es opcional” y que, ante el proceso electoral en curso, el país “no puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política”. Según el análisis del sector privado, la historia reciente del Perú confirma que las crisis en Palacio de Gobierno se traducen rápidamente en cifras negativas para el ciudadano común.
El peso de la inestabilidad
La CONFIEP sostiene que la gobernabilidad debe preservarse independientemente de la resolución de las mociones en trámite. El gremio vincula directamente la crisis de las instituciones con la pérdida de bienestar social, señalando que “la experiencia de la última década demuestra que la inestabilidad tiene costos concretos: menor inversión, menor crecimiento y menor generación de empleo”.
“Cuando la incertidumbre política se prolonga, las decisiones de inversión se detienen y el empleo se resiente. Se afecta directamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas en todo el país”.
Uno de los temores más latentes en el sector privado es la desarticulación de la gestión pública. Por ello, hicieron una exhortación a las bancadas parlamentarias para “garantizar la continuidad de la gestión pública, preservando a los equipos técnicos y funcionarios competentes, cuya labor es esencial para el funcionamiento del Estado”.
En un contexto de alta volatilidad por la etapa electoral, la CONFIEP considera indispensable asegurar el respeto a los compromisos internacionales y la ejecución de los proyectos de inversión ya encaminados. Para el gremio, el Congreso debe entender que la “estabilidad institucional y la previsibilidad son condiciones básicas para el desarrollo”.
El desenlace de las mociones de este martes determinará si el Perú mantiene un margen de calma hacia el 12 de abril o si entra en un nuevo ciclo de reacomodo ministerial a menos de sesenta días de las elecciones.
Deben investigar el Chifagate
El pronunciamiento no ignora las graves acusaciones que pesan sobre José Jerí, quien enfrenta cuestionamientos por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y por presuntas irregularidades en contrataciones estatales con los mismos. No obstante, el gremio empresarial pide separar la fiscalización del mandatario del funcionamiento del aparato estatal.
La CONFIEP demandó que “los hechos atribuidos al presidente José Jerí deben ser investigados con rigor, objetividad y celeridad”, argumentando que la transparencia es el único sostén de la confianza pública. Sin embargo, recalcaron que estas investigaciones no deben paralizar al Estado. “El país necesita claridad y definiciones”, sentenciaron.
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