El 1 de marzo de 2024, la rutina de viaje de Jenyfer Lozano Chávez cambió de forma abrupta en la región Amazonas. Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, un grupo de policías, en complicidad con otros involucrados, planificó un falso operativo policial tras enterarse de que la ciudadana trasladaría S/350 000 en efectivo. El objetivo era apropiarse de esa suma mediante la simulación de una intervención legal.
El plan se activó cuando Lozano Chávez abordó un ómnibus en la agencia de Transportes Móvil Bus. Los acusados, identificados como Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez, Wily Iván Cadenillas Requejo, Antonio Yalta Yoplac, Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua, la siguieron en vehículos particulares hasta el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) PNP – Achamaqui.
Allí interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial.
Durante la revisión, encontraron el dinero en una de las maletas. Bajo el argumento de que la trasladarían a una comisaría para formalizar la intervención, la subieron a una camioneta particular y la desviaron de la ruta prevista.
En lugar de llevarla a una dependencia policial, la mantuvieron privada de libertad, situación que constituye secuestro extorsivo según la legislación peruana. Mientras la tenían en su poder, los responsables le exigieron entregar el dinero a cambio de su liberación, acompañando la exigencia con amenazas hacia ella y su familia.
Finalmente, la víctima fue abandonada en la vía pública, pero sin el dinero. Posteriormente, los acusados se repartieron la suma sustraída en dos inmuebles de Chachapoyas, uno en el sector Santa Lucía y otro en el jirón Bolivia N.° 540.
Sentencia y reparación civil
El caso llegó a juicio, donde la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal de los implicados en los hechos. El 13 de febrero de 2026, el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba dictó adelanto de fallo condenatorio.
Se impuso una pena de 35 años de privación de libertad a Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Wily Iván Cadenillas Requejo, todos efectivos policiales. Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua recibieron penas superiores a 30 años de prisión. Antonio Yalta Yoplac, por acogerse a la conclusión anticipada del proceso, fue sentenciado a trece años y cinco meses de cárcel.
Además de las sentencias de prisión, el tribunal estableció el pago de reparación civil por S/348 000 a favor de la víctima. Este monto busca resarcir el daño económico ocasionado por la apropiación ilícita de los fondos.
En el sistema penal peruano, el secuestro extorsivo implica privar de libertad a una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico, agravándose cuando participan funcionarios públicos o se emplea la violencia o amenazas. El fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción policial y la protección de los derechos ciudadanos ante abusos de autoridad.
El proceso judicial evidenció cómo el mal uso de la investidura policial puede desencadenar delitos complejos, desde la privación ilegítima de la libertad hasta la apropiación de bienes ajenos.
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