¿Machu Picchu, Líneas de Nasca y Chan Chan en manos privadas? Gobierno detalla alcances de la inversión en patrimonio cultural del país

El Gobierno busca abrir una nueva etapa en la gestión del patrimonio cultural del país mediante la incorporación ordenada de la inversión privada. La propuesta se apoya en un marco normativo reciente que redefine la relación entre el Estado, los gobiernos locales y el sector empresarial, con el objetivo de generar recursos sostenibles para la conservación y el uso social de los bienes culturales.

La iniciativa se presenta en un contexto económico marcado por la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso nacionales. El turismo cultural, que concentra más del 60 % de la actividad turística interna, aparece como una alternativa con alto potencial, aunque limitada por la falta de servicios adecuados y por la escasez de recursos públicos destinados a la conservación de sitios arqueológicos y monumentos históricos.

Desde el Ejecutivo se sostiene que el nuevo enfoque no altera la responsabilidad estatal sobre el patrimonio. Por el contrario, plantea una fórmula que permite fortalecer la presencia del Estado a través de mayores ingresos y mejores capacidades de gestión, sin transferir la administración de los bienes culturales.

Ese mensaje fue reiterado por el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, durante entrevistas recientes en TVPerú y Andina, en las que explicó los alcances del Decreto Legislativo 1699, norma que reemplaza un marco legal anterior y ordena la participación privada en servicios vinculados al patrimonio.

Un nuevo marco para la inversión privada en cultura

El ministro Luna Briceño indicó que la norma mantiene al Estado como responsable principal del patrimonio. “El Estado no pierde su rol de rector en la gestión del patrimonio cultural”, afirmó, al precisar que la participación privada se limita a servicios complementarios. Según explicó, “la administración del patrimonio va a estar siempre en manos del sector público, ya sea del ministerio en convenio con los gobiernos locales”.

El decreto permite aplicar modalidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, como inversiones en activos y alianzas público-privadas, sin intervenir en las áreas con valor arqueológico. Estas modalidades se orientan a zonas liberadas, espacios donde ya no existen vestigios relevantes y que, en muchos casos, enfrentan invasiones o tráfico de terrenos.

El ejemplo citado con mayor frecuencia fue el complejo arqueológico Mateo Salado, ubicado en el distrito de Breña, en Lima. En ese entorno, explicó el ministro, “una corporación quiere poner un negocio de gastronomía”, iniciativa que se canaliza mediante un acuerdo con el ministerio, con pagos destinados al propio sitio arqueológico para financiar investigación y servicios.

Servicios complementarios y desarrollo local

Desde el sector Cultura se plantea que la incorporación de servicios privados puede mejorar la experiencia del visitante y ampliar el flujo turístico. “El servicio complementario lo que te permite es atraer más turistas”, señaló Luna Briceño, al indicar que el visitante no solo recorre el sitio arqueológico, sino también consume otros servicios, como restaurantes o ferias artesanales.

El impacto se considera aún más relevante en regiones fuera de Lima, donde muchos municipios carecen de recursos para ofrecer infraestructura básica. “Una municipalidad local que tiene un sitio patrimonial va a requerir ciertos servicios que no tiene”, explicó el ministro, al señalar que la inversión privada puede cubrir esa brecha y generar actividad económica para la población.

Límites y exclusiones del decreto

La norma establece restricciones claras. Los sitios inscritos como patrimonio mundial, como Machu Picchu, Chan Chan o las Líneas de Nasca, quedan fuera de su alcance debido a regulaciones específicas. “Este decreto legislativo no puede ser utilizado en los sitios de patrimonio mundial”, remarcó el ministro, al indicar que el objetivo consiste en ampliar las capacidades estatales en otros espacios culturales.

También se contempla la participación de universidades públicas en la gestión de recursos. El caso de las huacas del Sol y de la Luna, administradas por la Universidad Nacional de Trujillo, figura como un modelo que permite reinvertir ingresos turísticos en investigación y mantenimiento.

Turismo cultural como eje económico

El Ministerio de Cultura vincula esta política con una visión económica de largo plazo. Luna Briceño advirtió que el país depende de sectores expuestos a variaciones externas y planteó la necesidad de fortalecer el turismo. “Si nosotros no desarrollamos una tercera fuente de ingresos importante, además de la minería y la agroindustria, que debe ser el turismo, el Perú va a estar sujeto a estos vaivenes de los commodities”, señaló.

El énfasis se coloca en el turismo cultural como base de ese crecimiento. Según el ministro, “nuestro turismo es esencialmente cultural” y requiere más recursos para conservación y servicios. Bajo esa premisa, el decreto busca articular al Estado, las empresas y las comunidades locales en torno al patrimonio, con reglas que priorizan la protección y el uso social de los bienes culturales.