Elba Rojas Álvarez, presidenta del directorio de Petroperú, volverá a defraudar hoy una citación clave del Congreso de la República, incumpliendo por segunda vez consecutiva el requerimiento que se le ha hecho por el proceso de privatización de la petrolera estatal.
La convocatoria, considerada crítica por el posible impacto sobre la soberanía nacional y el futuro de Petroperú, buscaba respuestas sobre el Decreto de Urgencia 010-2025, publicado en las últimas horas de 2025 y cuestionado por su falta de transparencia y el escaso debate público.
Rojas, nombrada en diciembre de 2025 pese a su nula experiencia en hidrocarburos —su trayectoria previa se limita puntualmente al sector eléctrico—, ya había faltado a la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor el pasado 8 de enero.
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Hoy repetirá la falta ante la Comisión de Fiscalización, argumentando de “compromisos institucionales”, según consta en una carta a la que accedió Infobae Perú. Ni ella ni otros altos funcionarios, como representantes del MEF o del MINEM, han dado explicaciones ante estos grupos de trabajo sobre un proceso que prevé entregar la Refinería de Talara a ProInversión hacia junio de 2026.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, también ha evitado presentarse ante el Congreso desde la promulgación del decreto, pese a un pedido inicial de censura en su contra, debido a que el MEF controla el 60% de Petroperú. La censura no prosperó pues la atención mediática se desvió hacia el presidente José Jerí y sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.
Pero si de algo podemos estar seguros, es de que los “compromisos institucionales” de Rojas Álvarez no incluyen la reunión con sus propios trabajadores en Petroperú, pese a que se advierte la salida de casi un millar de ellos en las próximas semanas.
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Petroperú: Elba Rojas no se presenta ni ante el Congreso ni ante sus trabajadores
Además de este hermetismo desde el directorio, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) ha expresado también su rechazo a las contrataciones externas realizadas por ProInversión en el marco del proceso de reorganización patrimonial de la empresa estatal.
Los representantes sindicales denuncian que estas asesorías externas se fraguaron sin transparencia, sin respeto al debido proceso y con un uso indebido de recursos públicos, “vulnerando los principios administrativos básicos y abriendo sospechas sobre la verdadera finalidad del proceso”.
El pronunciamiento señala como especialmente grave que las contrataciones no hayan respetado los plazos ni los procedimientos mínimos exigidos por ley, lo que configura, según los sindicatos, una designación “a dedo”, sin competencia real ni evaluación objetiva.
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Además, cuestionan la idoneidad de las firmas elegidas, como Deloitte, citando antecedentes internacionales de informes irregulares o carentes de sustento técnico, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de los informes que utilizará el Estado para definir el futuro de Petroperú.
Sindicatos de Petroperú rechazan designación sin concurso de Deloitte desde ProInversión
Los sindicatos también rechazan la contratación de asesorías legales externas bajo el argumento de garantizar “seguridad jurídica”, cuando Petroperú y el Estado ya cuentan con equipos técnicos y legales altamente calificados y con experiencia comprobada en el sector hidrocarburos.
Los trabajadores petroleros de la estatal consideran inaceptable que, mientras se exige austeridad a la parte laboral y se limita la inversión operativa, se destinen recursos públicos a consultoras privadas sin procesos claros ni rendición de cuentas.
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Finalmente, el Frente de Sindicatos exigió que cualquier proceso de reorganización se consume con participación de los trabajadores, rendición de cuentas y defensa del patrimonio energético nacional, por lo que rechazaron que Petroperú sea “tratado como un botín para consultoras privadas o decisiones improvisadas” del MEF.