La respuesta del canciller Hugo de Zela fue categórica: no es posible que ningún poblado del Perú decida unilateralmente incorporarse a otro país. Así lo afirmó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un pronunciamiento que busca poner fin a la incertidumbre generada por el ultimátum lanzado por Bellavista Callarú, localidad situada en la frontera amazónica de la región de Loreto, que advirtió sobre la posibilidad de “incorporarse” a Brasil debido al abandono estatal.
Durante una conferencia, de Zela subrayó la posición del Estado en respuesta a la consulta de una reportera de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik.
La periodista preguntó si el gobierno peruano aceptaría la solicitud del centro poblado Bellavista Callarú de anexarse a Brasil o si esto sería legalmente viable.
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El canciller fue enfático: “No es posible. En ninguna zona del país se puede decidir ser parte de otro país. Eso simplemente no está previsto ni en la Constitución ni en las leyes peruanas”. Esta declaración fue recogida por Canal N y marca la postura institucional ante el reclamo fronterizo.
El diplomático añadió que informaría al gabinete ministerial sobre la problemática de la zona, con el objetivo de procurar una mayor atención y buscar soluciones a las demandas de la comunidad. “Voy a conversarlo con los colegas del gabinete ministerial que tiene que ocuparse de los problemas en la zona para procurar darles la mayor atención y solucionar en la medida de lo posible los problemas que hay en esa zona”, sostuvo de Zela, según la transmisión de Canal N.
El reclamo del poblado
La situación de Bellavista Callarú se volvió noticia después de que sus autoridades, encabezadas por el alcalde Desiderio Flores Ayambo, emitieran un ultimátum al gobierno central.
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El centro poblado, ubicado en el distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, enfrenta una crisis marcada por la ausencia de presencia estatal y el avance del crimen organizado en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
La comunidad, habitada principalmente por la etnia ticuna, otorgó un plazo de 30 días al Estado peruano para que atienda la inseguridad y otros servicios deficitarios. “Si no hay respuesta concreta, analizaremos alternativas drásticas, incluyendo convertirnos en parte de Brasil”, advirtió Flores en declaraciones recogidas por el medio regional.
La advertencia responde a una situación límite: la ausencia de servicios básicos, la falta de infraestructura sanitaria y educativa, y la violencia asociada al narcotráfico y el crimen transnacional.
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Según el alcalde, en Bellavista Callarú no existe presencia policial ni sistema de justicia, la posta médica solo cuenta con dos técnicos y carece de médicos u obstetras, lo que obliga a derivar a las gestantes en riesgo a la localidad de Santa Rosa y, posteriormente, a hospitales de Brasil.
Flores describió la desconexión con las autoridades nacionales y regionales: “Acá no ha llegado ni un ministro, ni siquiera el gobernador regional, ni el señor René Chávez, que es nuestro gobernador de Loreto”, explicó. El único parlamentario que visitó la localidad fue el congresista Edwin Martínez, según el testimonio del burgomaestre.
Desatención y demandas
La precariedad de los servicios afecta de forma directa a la educación. El alcalde detalló a que la escuela local cuenta con solo diez aulas, obligando a los estudiantes de primaria y secundaria a compartir espacios, incluyendo comedores y auditorios. Más de noventa alumnos de secundaria y cerca de doscientos de primaria enfrentan condiciones inadecuadas para su formación.
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A nivel económico, la integración con el resto del país también se ha erosionado. “Nosotros aquí no miramos la plata peruana (sol), es pura brasileña y colombiana”, afirmó Flores al citado medio, reflejando la pérdida de vigencia de la moneda nacional en las transacciones diarias y el predominio del real y el peso colombiano.
La principal demanda de la comunidad es la creación del distrito de Bellavista Callarú, trámite que, según el alcalde, lleva más de dos años sin resolverse en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo, según Flores, es instalar presencia estatal, controlar el territorio y frenar la expansión del narcotráfico.
“La creación del distrito permitiría instalar al Estado, controlar el territorio y ofrecer servicios para frenar el narcotráfico”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que la solicitud cumple con los requisitos legales y que la población supera en habitantes a otros distritos creados recientemente en Loreto.
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Flores reiteró que la comunidad mantiene su deseo de seguir perteneciendo al Perú, pero exige una respuesta real y sostenida del Estado. “Nosotros estamos gobernados por Brasil y por la plata colombiana”, enfatizó, aludiendo a la realidad cotidiana de un territorio donde la presencia estatal peruana se ha vuelto casi invisible.