El caso Chifagate avanza, pero con límites claros. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, descartó por ahora solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario o allanamientos contra el presidente interino José Jerí, al considerar que este tipo de diligencias “no son pertinentes” mientras el mandatario se encuentre en funciones. La investigación preliminar continúa, pero bajo un estricto manto de reserva, en medio de cuestionamientos públicos y expectativas políticas.
En una entrevista en el podcast Siempre a las ocho, de El Comercio, conducido por Milagros Leiva, Tomás Gálvez explicó que la Fiscalía debe actuar con especial cautela cuando se trata de un presidente en ejercicio. Según señaló, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional imponen restricciones para evitar la exposición de la Presidencia como institución.
“Consideramos que en este momento no es pertinente levantar el secreto de las comunicaciones al presidente, ni el secreto bancario, ni allanamientos y todas diligencias que sobreexpongan a la Presidencia”, afirmó Gálvez.
No obstante, precisó que el Ministerio Público sí viene “recabando informes y trabajando de manera muy reservada”.
El fiscal sostuvo que una investigación exhaustiva y profunda solo puede realizarse plenamente una vez que el mandatario deje el cargo, en este caso, tras el 28 de julio de 2026.
El criterio del Tribunal Constitucional
Gálvez recordó que el Tribunal Constitucional estableció que las investigaciones preliminares contra un presidente en funciones deben ser “ultrareservadas” y limitarse a diligencias que no afecten la investidura presidencial.
“Hay que respetar la majestad de la institución de la Presidencia de la República”, subrayó, al tiempo que cuestionó el discurso que desacredita a las instituciones del Estado. Según indicó, pese a errores y deficiencias, el Estado y sus organismos siguen funcionando y prestando servicios.
En ese marco, reiteró que la Fiscalía de la Nación actúa dentro de los márgenes legales, sin que ello implique paralizar las indagaciones.
Investigación paralela a terceros involucrados
El fiscal interino aclaró que las restricciones no alcanzan a los particulares que estarían involucrados en los hechos investigados. En esos casos, explicó, una fiscalía provincial puede realizar diligencias amplias y exhaustivas.
“Felizmente, a los particulares que estén comprendidos conjuntamente con el presidente sí los investiga una fiscalía provincial con toda libertad”, señaló. La información que se obtenga en esas investigaciones será evaluada más adelante de manera conjunta con lo actuado por la Fiscalía de la Nación.
Gálvez precisó que recién cuando José Jerí deje la Presidencia se podrá determinar si corresponde profundizar las diligencias, archivar el caso o seguir el procedimiento constitucional aplicable a los aforados.
Declaración presidencial en Palacio de Gobierno
Como parte de la investigación preliminar por el caso Chifagate, el presidente José Jerí comparecerá este viernes 30 de enero ante el fiscal interino Tomás Gálvez en Palacio de Gobierno. La diligencia se realizará en la sede del Ejecutivo, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el precedente del caso Dina Boluarte.
La citación responde a las reuniones que el mandatario sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, encuentros que dieron origen al escándalo tras la difusión de imágenes en las que se observa a Jerí ingresando de noche a un local vinculado a uno de ellos.
Además de la declaración presidencial, el Ministerio Público recibirá esta semana a Yang y a Xiaodong en calidad de testigos y ha solicitado documentación a diversas entidades del Estado para verificar visitas oficiales y posibles vínculos contractuales.
El rol del Congreso y las dudas pendientes
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que expliquen las reuniones del presidente con Zhihua Yang y las concesiones que mantienen empresas vinculadas al empresario.
El foco también está puesto en el proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, cuya concesión es considerada sensible por su impacto económico y por la relación empresarial involucrada. La comisión busca establecer si existieron gestiones irregulares o tráfico de influencias.
Aunque las citaciones ya fueron aprobadas, el Congreso aún no ha definido la fecha para la presentación de los ministros.
¿Qué pasará después del 28 de julio?
Consultado sobre si al presidente Jerí le “caerá el peso de la ley” una vez que deje el cargo, Gálvez respondió que todo dependerá de la información que se recabe durante esta etapa preliminar. “También puede archivarse la investigación”, puntualizó.
Por ahora, el fiscal fue enfático: el levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras medidas intrusivas no están en agenda mientras Jerí siga siendo presidente. “No, de momento no se levantarán. Se hará cuando deje de ser presidente”, reiteró.