La extradición de Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, considerado uno de los criminales más peligrosos de Lima Norte, vuelve a poner bajo la lupa el estado crítico del sistema penitenciario peruano. Su llegada al país, prevista para este miércoles 28, ocurre en un contexto marcado por desorden institucional, fugas de internos y una reestructuración en marcha del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que recientemente quedó sin jefe titular tras la renuncia de Iván Paredes.
El regreso de un criminal de alta peligrosidad como Moreno Hernández plantea una interrogante central: ¿está el sistema penitenciario en condiciones reales de garantizar su custodia, evitar fugas y neutralizar sus órdenes desde prisión? La pregunta cobra mayor relevancia luego de que, en los últimos días, se reportaran graves fallas operativas en distintos penales del país.
Fugas, desorden y debilidades estructurales en los penales
El lunes 26 de enero, el INPE informó la fuga de Viviana Rivadeneyra Mariano, interna del penal de Mujeres de Arequipa, quien cumplía condena por trata de personas. La reclusa escapó mientras permanecía internada en un hospital regional por un avanzado estado de gestación. El hecho obligó a activar un operativo de búsqueda y a notificar al Ministerio Público para determinar responsabilidades.
Este caso no fue un hecho aislado. Días antes, el propio presidente José Jerí visitó de madrugada el penal de Ancón I tras la captura de extorsionadores que confesaron recibir órdenes desde ese establecimiento. Durante la inspección, se evidenció una cadena de irregularidades: registros manuscritos sin consolidar, inconsistencias sobre la ubicación de internos, traslados que no figuraban en los sistemas y ausencia de comunicación directa entre penales.
Uno de los episodios más reveladores fue la imposibilidad de ubicar a un interno sindicado como cabecilla de una banda criminal. Tras minutos de confusión, el INPE informó que había sido trasladado a Challapalca semanas atrás, aunque ese dato no figuraba en ningún registro operativo disponible. La documentación del traslado tampoco pudo ser verificada por encontrarse en una oficina administrativa cerrada.
INPE sin liderazgo firme
A la crisis operativa se suma una inestabilidad institucional. El pasado 20 de enero, Iván Paredes Yataco presentó su renuncia irrevocable como jefe del INPE, cargo que había asumido solo seis meses antes. Tres días después, el Gobierno designó de manera temporal a Shadia Valdez Tejada como jefa encargada de la institución, en adición a sus funciones como viceministra de Justicia.
La designación, formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 032-2026-JUS, busca garantizar la continuidad administrativa, pero no despeja las dudas sobre la conducción estratégica del sistema penitenciario en uno de sus momentos más críticos. La propia Presidencia ha reconocido que el INPE atraviesa un “desorden crítico” y que su reestructuración integral es urgente e impostergable.
En paralelo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Plan de Reestructuración del INPE 2025, que plantea cambios profundos en su organización interna. Entre las principales medidas figuran la creación de una jefatura y una gerencia general, la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones, el fortalecimiento de la seguridad tecnológica en los penales y la implementación de un Sistema Integral de Gestión Penitenciaria.