En una noche que transcurría sin sobresaltos, un partido de fútbol entre amigos se convirtió en escenario de un ataque armado que dejó tres personas fallecidas en el distrito limeño de San Luis. El episodio ocurrió en un recinto deportivo que, pese a una clausura municipal previa, seguía recibiendo público. Familias enteras se encontraban en el lugar cuando la violencia irrumpió de forma repentina y letal.
El sonido de los disparos quebró la rutina nocturna y desató escenas de pánico entre los asistentes. En cuestión de segundos, varios cuerpos quedaron tendidos sobre el campo de juego y los gritos pidieron auxilio. La magnitud del hecho obligó a una rápida movilización policial y sanitaria, mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.
La Policía Nacional confirmó que el ataque dejó tres víctimas mortales, dos de nacionalidad extranjera y una peruana. También se reportaron heridos, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario cercano. El caso abrió nuevas interrogantes sobre la seguridad en espacios que operan fuera de la supervisión municipal y sobre el avance de la violencia armada en zonas urbanas.
El crimen se produjo la noche del sábado, en un punto ubicado en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y San Juan. Según los primeros reportes oficiales, dos hombres armados ingresaron al recinto y dispararon de manera directa contra personas específicas, sin mediar palabra.
Un ataque directo durante un encuentro deportivo
De acuerdo con la información policial, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al campo deportivo y abrió fuego contra sus objetivos. La rapidez del ataque no permitió reacción alguna por parte de los presentes, muchos de los cuales se encontraban acompañados de familiares.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, explicó que las primeras evaluaciones apuntan a un crimen planificado. “Hay selección de objetivos, hay marcaje. Sería una venganza, pero hay que investigar”, señaló el alto mando policial, al referirse a la forma en que se ejecutaron los disparos.
Las autoridades precisaron que dos de las personas fallecidas eran ciudadanos venezolanos. La tercera víctima, de nacionalidad peruana, no figuraba entre los blancos principales del ataque y recibió impactos de bala mientras permanecía en el lugar. Este detalle refuerza la hipótesis de que el acto violento tuvo un destinatario concreto, con consecuencias colaterales para otros asistentes.
El escenario del crimen ya se encontraba bajo observación municipal semanas antes del ataque. Personal de fiscalización informó que el campo deportivo fue clausurado el 13 de enero por operar sin licencia y por permitir actividades ajenas a su autorización original. En el primer nivel del recinto funcionaba un bar cantina sin permiso vigente.
Pese a la disposición de cierre, el lugar continuó con actividades deportivas y reuniones sociales. Esta situación generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control y la capacidad de las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
Tras el ataque, representantes del área de Fiscalización del distrito acudieron nuevamente al establecimiento y procedieron a una nueva clausura. El objetivo, según indicaron, consiste en evitar que el espacio vuelva a operar mientras se desarrollan las investigaciones penales y administrativas correspondientes.
Víctimas sin identificación completa y heridos hospitalizados
Hasta el momento, la identidad de las tres personas fallecidas no pudo ser confirmada en su totalidad. La Policía Nacional solo informó sobre la nacionalidad de dos de ellas, mientras se realizan las diligencias necesarias para establecer los datos completos del tercer fallecido.
Los cuerpos quedaron sobre el gramado, a la vista de quienes presenciaron el ataque. La escena generó desesperación entre los familiares y amigos, muchos de los cuales intentaron auxiliar a los heridos antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Las personas que sobrevivieron al ataque fueron trasladadas al Hospital Dos de Mayo. Allí reciben atención médica especializada, bajo estricta vigilancia policial, debido a la gravedad del caso y a la necesidad de recabar información relevante para la investigación.
Las cámaras de seguridad del recinto y de las zonas aledañas registraron la llegada de los agresores y parte de su accionar dentro del local. Estas grabaciones se convirtieron en un elemento central para el trabajo de identificación y ubicación de los responsables.
La Policía Nacional continúa con las diligencias, que incluyen el análisis balístico, la revisión de las grabaciones y la toma de testimonios. El objetivo apunta a determinar el móvil exacto del ataque y establecer responsabilidades penales en un caso que volvió a poner en discusión la seguridad en espacios informales y la presencia del sicariato en áreas urbanas.