La iniciativa de la congresista Sigrid Bazán para obligar a que todo concierto de artistas extranjeros incluya músicos teloneros nacionales es una intromisión grosera del Estado en el mercado. No solo impone condiciones a promotores, artistas y organizadores de espectáculos, sino también al consumidor, que paga una entrada para ver a un artista internacional y que, muy probablemente, terminaría asumiendo un mayor costo por una decisión política ajena a su preferencia.
Pero el problema va más allá del precio. El mensaje implícito hacia los músicos nacionales es preocupante: “no tienes la capacidad de atraer público por ti mismo, por eso el Estado te garantiza no menos de 30 minutos antes de un show internacional”. ¿Así se promueve una industria cultural? Claramente no. La imposición no dignifica ni favorece al artista; lo vuelve dependiente y lo coloca en una vitrina artificial, no ganada por mérito ni por competencia. En el fondo, lo obliga a vivir una ficción.
Propuestas de este tipo no son novedad. En 2022, el entonces presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, Alex Flores, del partido Perú Libre, impulsó el Proyecto de Ley N.° 2170, que planteaba que los titulares de servicios de radiodifusión establezcan una producción nacional mínima diaria del 30% de su programación en la difusión de música nacional y folclórica, incluso señalando que la mitad de dicho porcentaje debía ser de música “emergente”. Distintos formatos, una misma lógica: imponer por ley lo que debería ganar espacio por calidad y preferencia del público.
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La promoción de la música nacional —y del arte en general— pasa por otro lado: mejores condiciones para crear, formarse y competir. Educación artística de calidad, espacios de difusión, reglas claras, acceso a financiamiento, seguridad para ejercer la actividad cultural y protección frente a problemas reales, como las extorsiones que hoy denuncian músicos peruanos. Eso sí es política pública útil.
Así como defendemos libertades económicas, debemos también defender libertades culturales. La música no se desarrolla por decreto ni por cupos obligatorios. Se desarrolla cuando el talento puede competir en igualdad de condiciones y cuando el público decide libremente qué escuchar y a quién apoyar. Este tipo de propuestas responden más a una visión ideológica anclada en el pasado que a una comprensión real de cómo promover las industrias creativas.
Además, estas imposiciones terminan generando efectos contraproducentes. Elevan los costos de producción de eventos, reducen incentivos para traer espectáculos internacionales y limitan la diversidad de la oferta cultural. En lugar de ampliar audiencias, restringen decisiones creativas y comerciales. El resultado suele ser menos conciertos, entradas más caras y una experiencia deteriorada para el público. El proteccionismo cultural, lejos de fortalecer la industria local, suele aislarla y debilitarla.
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La juventud lo va entendiendo cada vez más: interferir en los mercados perjudica al consumidor y no construye competitividad. El rol del Estado no es imponer escenarios ni repartir vitrinas por ley, sino garantizar libertades. Sin libertad creativa, reglas claras y elección del público, no hay industria cultural que prospere. Lo demás es ideología convertida en espectáculo y política pública mal entendida.