El hallazgo de una mujer dentro de un colchón abandonado en una calle de San Martín de Porres (SMP) expuso un entramado criminal que une dos países.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que la víctima fue identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, gracias a un proceso forense basado en huellas dactilares y la corroboración con pruebas de ADN.
La investigación comenzó cuando agentes de la PNP encontraron el cadáver de una mujer de nacionalidad extranjera en circunstancias que aún se mantienen bajo reserva.
Arriola relató que, tras el hallazgo, se coordinó de inmediato con la policía de Ecuador. La labor forense incluyó técnicas de diafanización, proceso que permitió recuperar las crestas papilares de los dedos para obtener la impresión digital.
“Con esas huellas debidamente enviadas en PDF, se logran los primeros resultados”, detalló el general en conferencia de prensa. Posteriormente, la identidad de la víctima fue confirmada por familiares mediante un análisis de ADN.
El caso generó impacto no solo por la violencia del hecho, sino también por la rapidez en la identificación, resultado de la cooperación entre las autoridades peruanas y ecuatorianas. La víctima, según los reportes policiales, presentaba un tatuaje y señales que la vinculan a redes de trata de personas operadas por organizaciones criminales transnacionales.
La captura y el rastro de la trata de personas
El presunto responsable del crimen fue detenido en Guayaquil, en el sur de Ecuador, durante un operativo que tenía como objetivo principal la captura de un sicario buscado por el asesinato de un agente policial en ese país.
Fue en ese contexto donde apareció el sospechoso implicado en el asesinato de Mendoza Segura. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, confirmó que el sujeto habría admitido su participación en el caso de San Martín de Porres y que la víctima se habría resistido a ser explotada por una red de trata de personas.
Las autoridades identificaron vínculos entre la víctima y bandas conocidas como Los Tiguerones y Los Lobos, grupos criminales que operan tanto en Ecuador como en Perú.
El sospechoso, un varón de 24 años cuya identidad no fue revelada, habría escapado por vía terrestre tras perpetrar el crimen, transportando el cuerpo en la parte posterior de una mototaxi. El conductor del vehículo, Darwin Cruz, de 43 años, fue arrestado y se encuentra bajo prisión preventiva por nueve meses.
El caso puso en evidencia la complejidad de las redes de trata de personas y el cruce fronterizo de organizaciones delictivas. Las coordinaciones entre autoridades peruanas y ecuatorianas continúan, con el objetivo de lograr la extradición del principal sospechoso para que enfrente a la justicia en Perú.
La investigación policial también reveló que más mujeres podrían haber sido sometidas por esta red criminal. La víctima, de acuerdo con los avances del caso, fue asesinada dieciséis horas antes de su hallazgo, lo que permitió a los peritos forenses trabajar con huellas dactilares frescas y muestras biológicas para su identificación. La PNP destacó que, ni bien los implicados ingresaron a territorio peruano, varios de ellos fueron detenidos y sus células desarticuladas.