Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo este martes que el asesinato de la abogada Andrea Vidal —un caso que destapó una presunta red de prostitución dentro del Congreso— no compromete a Alianza para el Progreso (APP), a pesar de que la joven laboraba en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, área encabezada por Jorge Torres Saravia, militante de esa agrupación política.

“Cuando sucedieron los hechos, yo ocupaba el cargo en el Ministerio del Interior. En ese momento se iniciaron las diligencias correspondientes. Tras mi salida del despacho, dejé de recibir información directa, aunque tengo entendido que el proceso continúa y que aún se identifican a los posibles implicados”, señaló en el programa Beto a Saber, transmitido por Willax TV.

Añadió que corresponde al sistema judicial definir responsabilidades. “Eso no significa que una persona pudiera no tener responsabilidad en un hecho criminal. Yo no soy ministro del Interior. La Policía finalmente es la que tiene a su cargo la investigación conjuntamente con la Fiscalía y son los que tendrán que dar respuesta frente a esta interrogante que tienes tú y muchísimas personas”, agregó.

Vidal, de 28 años, murió acribillada en diciembre de 2024 en el distrito limeño de La Victoria, mientras se desplazaba en un taxi. El conductor del vehículo perdió la vida en el lugar. De acuerdo con un reportaje del espacio televisivo Beto a Saber, la víctima habría mantenido vínculos con una supuesta red de prostitución que operaba en el Parlamento.

Según dicha investigación periodística, Torres Saravia habría incorporado a mujeres sin experiencia ni requisitos legales para ocupar puestos de asesoría y secretariado en el Congreso, aunque en la práctica cumplían otras funciones ajenas al cargo formal.

El programa también reveló que el exfuncionario afrontó una denuncia en 2020 por una presunta violación sexual ocurrida durante la campaña electoral del entonces congresista Luis Valdez, figura cercana al líder de APP, César Acuña.

Tras la difusión del informe televisivo, el presidente del Congreso en ese momento, Eduardo Salhuana, dispuso el cese de Torres Saravia y anunció la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional con el objetivo de asegurar transparencia e integridad institucional. Posteriormente, el titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que dicho grupo parlamentario iniciaría indagaciones sobre la presunta red de prostitución, sin que hasta la fecha se conozcan conclusiones.

Sobre audio de ‘Culebra’

En otro momento de la entrevista, Santiváñez (quien aspira al Senado por APP) reiteró que la voz atribuida a él en audios entregados a la Fiscalía por el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, no le pertenece. Explicó que dos peritajes señalaron una alta probabilidad de coincidencia, mientras que un tercer análisis, realizado por el propio Ministerio Público, concluyó que no resulta posible identificarlo como el hablante.

“Ese audio jamás lo compartieron con ningún medio de comunicación. Yo sigo sosteniendo que no es mi voz”, dijo en referencia a ese registro de voz con el agente policial, en el que anticipa la desarticulación de una unidad policial de inteligencia que investiga a la expresidenta Dina Boluarte en el presunto encubrimiento de la fuga del prófugo líder político Vladimir Cerrón y otras denuncias.

Santiváñez, considerado una de las figuras más influyentes del gabinete de la exmandataria, cuenta con antecedentes como abogado defensor de agentes policiales procesados por violaciones a los derechos humanos, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales. También representó legalmente al policía Miguel Salirrosas, condenado en 2020 a 27 años de prisión por integrar una organización criminal dedicada a extorsión y sicariato en Trujillo.

La familia del sentenciado buscó al extitular del Interior para presentar un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional que consiga su liberación, pero una denuncia fiscal sostiene que no solo cobró sus honorarios como abogado, sino que pidió los 20.000 dólares para influir en los jueces del Tribunal.