El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación de Perú Primero contra la tacha de su candidato a la Presidencia, Mario Vizcarra, hermano del condenado exmandatario Martín Vizcarra.
Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) declaró fundadas las tachas contra Vizcarra al amparo de la Ley 30717 que impide que postulen candidatos condenados por corrupción aunque estén rehabilitados
Piden inaplicar ley 30717
Durante la audiencia, el abogado de Perú Primero, el exministro Alejandro Salas, centró su exposición en la inconstitucionalidad de la Ley 30717, declarada por el Tribunal Constitucional en sentencias de amparo.
Salas indicó que el JEE no protegió los derechos a la participación política y el derecho a la resocialización de Vizcarra. “La resolución venía en grado atenta directamente, no solo contra el señor Mario Vizcarra y el partido político Perú primero, sino también contra la propia integridad del proceso electoral”, dijo.
El exministro de Trabajo sacó a colación que existen “hasta 8 sentencias” del TC que establecen que el impedimento “trasgrede el marco constitucional”.
“La resolución venida en grado reconoce abiertamente que el Tribunal Constitucional ha exhortado a no aplicar dicha frase aún cuando hubieran sido rehabilitados. Pero contradictoriamente, dice el JEE, que la exhortación es para el JNE y no para los JEE, como si estos no fuesen parte del sistema de justicia electoral”, indicó.
Por otro lado, Salas aseguró que Mario Vizcarra está rehabilitado, de acuerdo a la resolución judicial que presentaron. Indicó que se presentó una apelación contra esta decisión, pero fue declarada improcedente.
“Adicionalmente a ello es importante señalar que cualquier apelación que se haga sobre cualquier resolución penal que favorece a un ciudadano en materia de rehabilitación no suspenden sus efectos. Y eso ha sido declarado por la Corte Suprema en abundante jurisprudencia”, manifestó Salas.
Finalmente, resaltó que el JNE tiene la potestad de inaplicar una ley “manifiestamente inconstitucional”. “El control difuso es una potestad de la cual ustedes están investidos”, señaló.
Caya pide confirmar tacha
Como parte de los tachantes intervino el candidato aprista Luis Miguel Caya, quien inició su exposición aseverando que “la ley no deja márgenes de interpretación, no admite excepciones”. “Y cuando la ley no distingue, el intérprete tampoco puede hacerlo”, indicó.
Caya, en esa línea, sostuvo que Perú Primero “pretende que sentencias de amparo del TC tengan la capacidad de derogar o neutralizar una norma electoral vigente”.
“Sin embargo, es doctrina constitucional que el proceso de amparo tiene efectos estrictamente individuales, no generales. El amparo no sustituye al control abstracto de constitucionalidad, no deroga leyes y no produce efectos erga omnes (frente a todos). Las sentencias citadas por la defensa solo protegen a los demandantes de esos procesos, no modifican el ordenamiento jurídico electoral y no obligan al JNE a inaplicar una norma vigente”, apuntó.
Por otro lado, Luis Miguel Caya puso en duda si Mario Vizcarra está efectivamente rehabilitado de su condena por peculado. Indicó que no se ha acreditado que la resolución de rehabilitación haya sido consentida o confirmada.
Por último, indicó que el JEE “actuó conforme a derecho, aplicó una ley vigente, respetó la Constitución y protegió la integridad del proceso electoral”.
“Confirmar su decisión significa defender el principio de legalidad, reafirmar la lucha contra la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la institucionalidad democrática. Revocar esa decisión en cambio significaría relativizar una norma expresa, debilitar el sistema electoral y abrir una peligrosa puerta al reciclaje político de la corrupción. El Perú no necesita atajos jurídicos, necesita reglas firmes y necesita elecciones limpias”, finalizó.
Defiende al JNE
Durante al audiencia, el abogado John Trinidad, quien representa a uno de los tachantes, aseguró que los tribunales administrativos no tienen la potestad de hacer control difuso, que esto es exclusivo del Poder Judicial y el TC.
Al final de la audiencia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, dejó en claro que la justicia electoral no es administrativa, sino jurisdiccional. Señaló que el tipo de comentarios del abogado Trinidad deben ser evitados para no desinformar sobre la justicia electoral.