El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó públicamente su preocupación por la reciente decisión del Ministerio Público de desactivar varios equipos fiscales especializados. La medida, adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, generó un intenso debate en el ámbito jurídico y entre la ciudadanía, al poner en cuestión la continuidad de investigaciones de alto impacto social y la estabilidad de la seguridad jurídica en el país.
La Junta Directiva del CAL subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier administración. La institución advirtió que la modificación de estructuras técnicas consolidadas, sin una justificación que garantice la eficacia procesal, puede vulnerar la seguridad jurídica y afectar la confianza en el sistema de justicia.
En este contexto, el CAL exhortó al Ministerio Público a asegurar la continuidad de las indagaciones vinculadas a casos de alta complejidad, entre los que destacan Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y otros procesos emblemáticos. Para el gremio de abogados, la especialización de los equipos disueltos representa un activo institucional indispensable para el correcto ejercicio de la acción penal y no debe estar sujeta a interpretaciones políticas ni decisiones discrecionales.
Reacción a la decisión del Ministerio Público
La decisión de desactivar los equipos especiales fue oficializada mediante resoluciones publicadas en El Peruano y presentada como parte de una estrategia para “unificar la persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos. Los equipos afectados incluyen a Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip (relacionados con víctimas en protestas sociales entre 2022 y 2023).
Durante una conferencia de prensa, Tomás Gálvez defendió la decisión y argumentó que la responsabilidad por eventuales resultados negativos en las investigaciones recae en los fiscales encargados de los casos. “Primero, los que investigan son los fiscales. Y si hay algún responsable, son los fiscales”, afirmó Gálvez, al ser consultado sobre el posible impacto de la medida en procesos sensibles o emblemáticos.
Al ser interrogado sobre si asumiría alguna responsabilidad por eventuales retrocesos, falta de sentencias o prescripción de casos, el fiscal interino respondió de manera categórica: “No puedes hablar de responsabilidades inventadas”. Añadió que la demora excesiva en la resolución de procesos afecta la administración de justicia: “La cuestión es la siguiente, mira: si no terminas un caso en diez años, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a esperar veinte años para que se resuelva un caso, ¿sabes qué hace eso? Ya prescribieron todos”.
Preocupación por la seguridad jurídica y la autonomía
El Colegio de Abogados de Lima advirtió que la estabilidad de las investigaciones en curso constituye un pilar esencial de la seguridad jurídica y que cualquier alteración puede ser percibida como un retroceso en la autonomía de los magistrados. Para el CAL, la especialización alcanzada por los equipos disueltos no debe considerarse como una concesión política, sino como una herramienta necesaria para garantizar la eficacia y profundidad de las indagaciones.
La institución solicitó que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que aporte certeza y transparencia sobre el reordenamiento institucional. Según el CAL, las decisiones de la alta dirección fiscal deben basarse estrictamente en criterios de optimización y no en enfoques discrecionales que puedan afectar la percepción pública sobre la autonomía e independencia del Ministerio Público.
Impacto en la confianza ciudadana y vigilancia gremial
La confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia depende, según el CAL, de la predictibilidad y la firmeza con que se sancionen los actos de corrupción, sin importar el contexto político en que ocurran. Por este motivo, el gremio de abogados anunció que se mantendrá vigilante para que el debido proceso y la búsqueda de la verdad real no se vean comprometidos por cambios estructurales intempestivos.
El debate sobre la desactivación de los equipos especiales ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que la medida puede agilizar procesos y evitar demoras excesivas, otros advierten que existe el riesgo de debilitar investigaciones complejas y favorecer la impunidad en casos de corrupción y crimen organizado.
Llamado a la institucionalidad y a la transparencia
El pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima se inscribe en un contexto de creciente demanda social por transparencia, eficacia y autonomía en la administración de justicia. La institución reiteró que la preservación de equipos especializados y la garantía de la seguridad jurídica son indispensables para sostener el Estado de derecho y responder a las expectativas de la población.
El CAL enfatizó que solo a través de decisiones institucionales sólidas, fundamentadas y transparentes, será posible garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones y fortalecer la confianza en el sistema de justicia peruano. La autonomía, la especialización y la transparencia deben ser principios inalterables en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.