La reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desactivar cuatro equipos especiales del Ministerio Público polarizó a la ciudadanía. En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público defendió su medida. No obstante, dejó en claro que cualquier resultado negativo en las investigaciones no será su responsabilidad.
A través de cuatro resoluciones publicadas en El Peruano, el Ministerio Público oficializó la disolución de los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip (casos de víctimas en protestas sociales entre 2022 y 2023). La medida, que había sido anticipada por el propio Gálvez incluso antes de asumir la jefatura del Ministerio Público, fue presentada como parte de una estrategia para “unificar la persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa tras la apertura del año fiscal 2026, el titular del Ministerio Público fue consultado sobre si asumiría responsabilidad en caso de que, tras la desactivación de los equipos especiales, se produjeran retrocesos o resultados negativos en las investigaciones, como la ausencia de sentencias condenatorias o la prescripción de casos emblemáticos. “Primero, los que investigan son los fiscales. Y si hay algún responsable, son los fiscales”, señaló.
Ante la insistencia sobre hacerse cargo de sus decisiones, Gálvez fue tajante: “No puedes hablar de responsabilidades inventadas” y defendió su decisión sin ahondar en los posibles resultados negativos: “La cuestión es la siguiente, mira: si no terminas un caso en diez años, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a esperar veinte años para que se resuelva un caso, ¿sabes qué hace eso? Ya prescribieron todos”.
Vale mencionar que su oposición a los grupos especiales no es nuevo. En distintas entrevistas, incluso previo a asumir el máximo cargo, el funcionario ha cuestionado la permanencia de estos grupos, supuestamente fundamentada en el tiempo que toman para recabar información y formalizar sus casos. No obstante, para expertos, su decisión podría tener un efecto contrario y, más bien, aletargar los procesos.
En diálogo con Infobae Perú, el penalista Rolando Bazán sostuvo que “toda transición administrativa abre espacios de discusión sobre custodia y traslado de evidencias, control de plazos, reprogramación de diligencias y ajustes en la teoría del caso, hechos que pueden ser aprovechados por las defensas”.
“El problema no es solo jurídico, sino también funcional. La aplicación concreta de la decisión puede afectar la continuidad, especialidad y eficiencia en investigaciones macrocomplejas, lo que abre la puerta a cuestionamientos de fondo”, subrayó.
El jurista José Ugaz advirtió en Canal N que la desactivación podría poner en peligro acuerdos fundamentales para el esclarecimiento de delitos complejos, especialmente en investigaciones de corrupción y crimen organizado; mientras que, el fiscal José Domingo Pérez lamentó que no precise el destino de las carpetas ni el futuro de los fiscales que encabezaban las investigaciones. “No existe claridad sobre qué fiscal se hará cargo de casos en etapas críticas, como el de Susana Villarán”, expresó en EpicentroTV.
En esa misma línea, la exprocuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, consideró que la decisión tomada por el fiscal de la Nación tendrá como consecuencia un debilitamiento de los esfuerzos del Estado para luchar contra la corrupción. Cuestionó también el momento de la desactivación, al considerar que “muchos actores políticos están en estos casos y se da en época electoral”.