
Un total de 20 exministros de Economía y Finanzas (MEF) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), además de los titulares actuales de ambas carteras, han sido denunciados penalmente por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al no cumplir con la obligación de destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación, establecida en la Constitución por decisión del Congreso.
La acusación dirigida hacia el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y a la que tuvo acceso en exclusiva Infobae Perú, fue presentada por Segundo Montalvo, titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, quien remarcó que el artículo 16 de la Constitución, modificado por la Ley N° 31097 del 29 de diciembre de 2020, emitida por el Congreso; que impone una obligación expresa al Ejecutivo: el presupuesto de Educación no puede ser menor al 6% del PBI.
Para el congresista de Perú Libre, este mandato genera obligaciones jurídicas ineludibles para los funcionarios responsables de la planificación y ejecución presupuestaria, quienes están obligados a asignar el presupuesto establecido por el Congreso dentro de la Constitución para el sector educativo.

Según la denuncia, las supuestas omisiones se han repetido en cada ejercicio fiscal desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Cinco años en los que, en palabras de Montalvo, constituye un delito de naturaleza continuada, ya que “el plazo prescriptorio se computa desde la última conducta típica”.
La acción penal se sustenta en el artículo 454° del Código Procesal Penal, que otorga competencia al Fiscal de la Nación para investigar a ministros de Estado por ilícitos cometidos en funciones.
En el documento oficial de la denuncia, al que accedió Infobae Perú, el congresista Montalvo sostiene que el Estado tenía dinero suficiente para ejecutar este incremento, pero los titulares del MEF y PCM decidieron no hacerlo presuntamente con conocimiento de que era su obligación. De esta forma, se afectó a 3.2 millones de estudiantes a nivel nacional.

Cada uno de los exfuncionarios denunciados que está listado en el documento incluye un detalle de supuestos perjuicios atribuibles.
Según el congresista, el perjuicio cuantificado atribuido a la ministra Miralles es de S/ 14,800 millones, a raíz del déficit proyectado en el presupuesto para el año 2026. Este monto también aparece como atribuido al ministro Ernesto Álvarez y se afirma como agravante que se tramitó el Proyecto de Presupuesto para el próximo año “sin impulsar modificaciones para alcanzar el 6% del PBI”
Entre los exministros señalados del MEF figuran:
- Waldo Epifanio Mendoza Bellido
- Pedro Francke Ballvé
- Óscar Graham Yamahuchi
- Kurt Burneo Farfán
- Alex Contreras Bautista
- José Arista Arbildo
- José Salardi Rodríguez
- Raúl Pérez-Reyes Espejo
- Denisse Miralles Miralles
De la PCM aparecen:
- Violeta Bermúdez Valdivia
- Guido Bellido Ugarte
- Mirtha Vásquez Chuquilin
- Héctor Valer Pinto
- Aníbal Torres Vásquez
- Betssy Chávez Chino
- Pedro Angulo Arana
- Alberto Otárola Peñaranda
- Gustavo Adrianzén Olaya
- Eduardo Arana Ysa
- Ernesto Álvarez Miranda
El texto indica que es urgente la intervención de la fiscalía para que “garantizar el cumplimiento constitucional en futuros presupuestos”, pero la asignación presupuestal para el 2026 no sería modificada.
Aun así, se solicita al fiscal Tomás Gálvez que se “disponga el inicio de investigación preparatoria contra todos los funcionarios (...)” y se ordenen “pericias técnicas contables, económicas, constitucionales y actuariales especializadas para determinar el perjuicio exacto y la viabilidad del cumplimiento constitucional”.
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