En nombre del “costo político”

En nuestro país, pensar en reformas profundas solo se queda en ideas. Una de las razones: el llamado “costo político”. Impulsar cambios reales que, por ejemplo, modernicen el mercado laboral o corrijan las falencias de la descentralización, resulta más intimidante para los políticos que el costo para la sociedad de mantener el statu quo.

Mencionar, diseñar y ejecutar acciones para una reforma laboral seria sigue siendo un tabú, a pesar de que somos conscientes de que los costos de contratación y despido en el Perú son tan elevados que terminan desincentivando o limitando la generación de empleo formal. En la práctica, despedir a un trabajador por baja productividad o incluso por faltas graves supone pagar indemnizaciones, aunque existan razones objetivas para el cese. Así, se convive con trabajadores que gozan de estabilidad absoluta y niveles de productividad muchas veces cuestionables.

Existe abundante literatura, evidencia académica y también reportes internacionales que dan cuenta de la rigidez del mercado laboral peruano, lo que afecta las decisiones de contratación y los niveles de empleo formal. En el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF), el Perú llegó a ubicarse en el puesto 134 de 141 economías en prácticas de contratación y despido.

Dicha situación es confirmada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sostiene que la rigidez del mercado laboral peruano se expresa en los costos económicos y legales que afrontan tanto empresas privadas como públicas al momento de contratar y despedir trabajadores, como la indemnización y la posibilidad de reposición en el trabajo.

Respecto de la reposición, cabe mencionar que, desde el año 2001, el Tribunal Constitucional, yendo más allá de lo previsto en el marco legal, que permitía la reposición solo en casos de despido nulo (pertenencia a sindicato, discriminación por sexo, raza, religión u opinión, discapacidad, periodo de embarazo o lactancia), dispuso la posibilidad de reposición por despido arbitrario, instaurando en la práctica un criterio de estabilidad laboral absoluta.

Por otro lado, a más de veinte años de su inicio, la descentralización sigue mostrando fallas groseras: ejecución ineficiente de los recursos públicos, obras paralizadas, brechas en salud, educación y saneamiento, múltiples indicios de corrupción y funcionarios sentenciados, y una población que paga —literalmente de sus bolsillos— el costo de tales falencias.

Al mes de noviembre, a menos de treinta días para que acabe el año, se registran municipalidades cuyo nivel de ejecución de recursos para inversión pública no supera el 50% de su presupuesto. Entre estas se encuentran las de los departamentos de Madre de Dios, Pasco y Lambayeque. A nivel general, las municipalidades solo han ejecutado el 60.2% de su presupuesto asignado para obras públicas, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tomando como referencia el caso del departamento de Lambayeque —donde, además, su gobierno regional solo ha ejecutado el 67.4% de su presupuesto para inversión pública—, las mejoras en la calidad de vida de su población tardan en llegar. A junio de este año se registran 77 obras paralizadas, de las cuales 48 son competencia de las municipalidades, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República.

Reformar este modelo implicaría, por ejemplo, introducir candados, ejecutar incentivos y sanciones, aplicar recortes presupuestales según indicadores socioeconómicos y, por qué no, retomar la discusión sobre el diseño inicial de “macrorregiones”, además de establecer una meritocracia de alto nivel para los funcionarios en el interior del país.

Así como estos dos grandes problemas estructurales que arrastramos desde hace años, seguramente tenemos más; pero, en nombre del “costo político”, hemos normalizado lo inaceptable. Y toda sociedad que posterga reformas por temor de los políticos de turno termina pagando un precio más alto que aquel que quiso evitar.