El golpista expresidente Pedro Castillo cuestionó a los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por condenarlo a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Al inicio de la audiencia de lectura íntegra de sentencia, Castillo irónicamente dijo que fue un “honor” conocer a los jueces supremos José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero. Luego cuestionó el delito por el que fue condenado.
“En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Señores, esta es la última audiencia y creo de que para mí es un honor haberlos conocido también como magistrados. Todos los días se ha leído un artículo del Código Penal por la cual se quiso demostrar lo que el 7 de diciembre de 2022, se quería decir al país qué es lo que sucedió con Pedro Castillo”, dijo.
Y agregó: “En el proceso, tanto rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública no se ha podido confirmar. Y su veredicto es por otro caso (conspiración), inclusive no poniéndose de acuerdo”, en referencia a que fue una sentencia por mayoría y no por unanimidad.
El golpista Pedro Castillo finalizó su intervención asegurando que “el Perú, en su conjunto, sabe lo que está pasando en el país. Ustedes han cometido una barbaridad jurídica, señora magistrada”.
Congreso no logra inhabilitar a Pedro Castillo
El intento de ampliar la sanción política contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta fracasó en el Congreso de la República, que no logró reunir los votos necesarios para inhabilitarlos por diez años en el ejercicio de la función pública. La votación, que se desarrolló en una sesión marcada por la tensión y los enfrentamientos verbales, concluyó con el archivo de los proyectos de resolución legislativa, dejando sin efecto la propuesta de sanción adicional para los exfuncionarios ya condenados por conspiración para la rebelión.
La iniciativa legislativa, que buscaba una inhabilitación de una década, no alcanzó el umbral de 68 votos requerido por ley. La moción contra el exmandatario destituido Pedro Castillo obtuvo solo 44 votos a favor, mientras que la dirigida a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en México, sumó 54. En el caso de Willy Huerta, exministro del Interior, el respaldo fue aún menor, con 42 votos. Ninguna de las propuestas se aproximó siquiera al mínimo necesario, pese a que las acusaciones estaban directamente relacionadas con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando se produjo el intento de cierre del Parlamento.
El debate parlamentario fue abierto por la congresista Ana Zegarra, quien presentó el informe avalado previamente por la Comisión Permanente. El documento acusatorio señalaba a Castillo, Chávez y Huerta de haber infringido 18 artículos de la Constitución, entre ellos los que garantizan la separación de poderes y el cumplimiento de las funciones públicas. Durante la sesión, los acusados y sus abogados ejercieron su derecho a la defensa, en un ambiente que se tornó cada vez más acalorado.
Desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo rechazó las imputaciones y reiteró su postura de supuesta víctima política. “El 7 de diciembre simplemente hice una lectura, trasladando el clamor del pueblo peruano”, afirmó el exmandatario, en una intervención que buscó justificar sus acciones como respuesta a una supuesta demanda popular. Su abogado, Carlos Torres Caro, argumentó que la inhabilitación propuesta constituiría un doble castigo, ya que el Poder Judicial había impuesto previamente una sanción de dos años de inhabilitación junto con una condena de once años y cinco meses de prisión. “No se puede castigar dos veces por los mismos hechos. Ya la sala dictaminó dos años de inhabilitación”, sostuvo Torres Caro.
La defensa de Betssy Chávez, a cargo de Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela, adoptó un tono marcadamente político, lo que motivó reiterados llamados de atención por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. La situación se agravó cuando Noblecilla, en su intervención, insultó al exdictador Alberto Fujimori y al propio Congreso, lo que derivó en su expulsión de la sala. “Señor, está usted insultando a un grupo del Congreso. Por favor, retírese, ya casi ha terminado su tiempo. Retírese señor”, ordenó Rospigliosi, poniendo fin a la participación del abogado.
En el caso de Willy Huerta, el exministro del Interior defendió su inocencia ante el Pleno, negando cualquier implicación en actos ilícitos. “Nunca estuve de acuerdo con nada”, declaró Huerta, desmarcándose de las decisiones que llevaron al intento de golpe de Estado.