El panorama en los exteriores de la residencia de la Embajada de México, ubicada San Isidro, cambió drásticamente tras conocerse la sentencia contra Betssy Chávez. La exjefa del Gabinete Ministerial, quien permanece refugiada la sede diplomática desde que obtuvo asilo político, enfrenta ahora una condena de once años, cinco meses y quince días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
En las últimas semanas, la presencia policial había sido constante, pero discreta: un único patrullero de la Policía Nacional vigilaba la zona de manera permanente. Sin embargo, la lectura de sentencia modificó por completo el despliegue de seguridad.
Hoy, la residencia mexicana se encuentra rodeada por un cordón reforzado que incluye dos patrulleros —uno de ellos perteneciente a la comisaría de Orrantia—, cuatro motocicletas y al menos doce agentes de la Policía Nacional. Los propios efectivos confirmaron a RPP que han recibido órdenes directas para intensificar el resguardo en los exteriores del inmueble.
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Orden de captura internacional
La tensión se debe, en gran parte, a que la sentencia incluyó también una orden de captura a nivel nacional e internacional contra Chávez. Si bien esta medida no puede ejecutarse mientras permanezca bajo protección diplomática mexicana, la disposición judicial ha elevado el nivel de alerta en la zona.
A la sentencia de Chávez se suman las condenas dictadas contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Willy Huerta, ambos considerados coautores del intento de quiebre del orden constitucional. Los tres recibieron la misma pena por conspiración, según lo determinado en el adelanto de fallo del Poder Judicial.
Tensión con el gobierno de México
La situación se desarrolla en un contexto particularmente complejo. Las relaciones entre Perú y México atraviesan uno de sus momentos más críticos desde que el Gobierno peruano ordenó la ruptura de vínculos diplomáticos, medida que obligó a la encargada de negocios mexicana a abandonar la residencia el pasado 9 de noviembre.
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En medio de este escenario, la situación legal de Betssy Chávez ha reabierto un capítulo de tensión con el país azteca. A menos de una semana de conocerse la sentencia en su contra, el presidente José Jerí llegó incluso a sugerir la posibilidad de ingresar a la embajada mexicana para ejecutar el mandato judicial de detención.
Aunque el mandatario reconoció que el Perú es respetuoso del derecho internacional, lanzó una advertencia que generó preocupación inmediata:“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, declaró en entrevista con El Comercio.
Jerí Oré también expresó su malestar por la postura del gobierno mexicano, al que acusó de interferir en los asuntos políticos del Perú. Sus afirmaciones elevaron la tensión diplomática y generaron alarma en Ciudad de México, donde las autoridades exigieron respeto a las normas internacionales sobre asilo y protección diplomática.
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Frente al impacto de estas declaraciones, tanto el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, como el canciller Hugo de Zela, se apresuraron a aclarar que el Gobierno peruano descarta por completo cualquier intervención en la sede diplomática mexicana. Horas después, el propio presidente Jerí tuvo que retractarse.