Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) lanzó una advertencia pública sin precedentes: lo que viene ocurriendo entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial y el Ministerio Público configuraría, según el gremio, “un grave quiebre del orden democrático”. El pronunciamiento se emitió tras las recientes acciones emprendidas por la JNJ contra el juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso y en el marco del proceso de amparo interpuesto por la fiscal suprema Delia Espinoza, quien denunció persecución política luego de ser suspendida del cargo de fiscal de la Nación.

JUSDEM sostiene que en ambos casos se evidencia un uso indebido, sistemático y selectivo de mecanismos legales para obstaculizar decisiones judiciales, presionar magistrados y neutralizar fallos que no resultan favorables al órgano constitucional autónomo. El gremio advierte que estas prácticas atentan directamente contra la independencia judicial y vulneran el principio de separación de poderes.

El origen del conflicto: la reposición de Delia Espinoza

La controversia se intensificó cuando el juez Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, otorgó una medida cautelar que ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, suspendiendo el proceso disciplinario en su contra mientras se resolvía el fondo del amparo. Espinoza denunció públicamente que su suspensión fue una represalia política por las investigaciones de alto impacto que lideró, entre ellas las más de 29 denuncias constitucionales contra congresistas y la indagación sobre el presunto esquema de intercambio ilícito de favores encabezado por la exfiscal Patricia Benavides.

Tras la cautelar, la JNJ respondió presentando una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional —una vía destinada para resolver conflictos de atribuciones entre entidades del Estado— alegando que el Poder Judicial habría invadido su competencia disciplinaria. En paralelo, su Procuraduría denunció penalmente a Torres Tasso por usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato, y solicitó que sea apartado del caso por una supuesta falta de imparcialidad.

Una denuncia que JUSDEM considera “intimidatoria”

El pronunciamiento de JUSDEM cuestiona duramente estas acciones. Para la asociación, la denuncia penal contra Torres Tasso y el pedido de que se abstenga del proceso constituyen un acto de amedrentamiento institucional. Según el comunicado, la JNJ estaría instrumentalizando procesos disciplinarios, denuncias penales y recursos excepcionales para presionar a jueces y fiscales cuyas decisiones no le resultan convenientes.

JUSDEM afirma que el proceso competencial utilizado por la JNJ no corresponde al caso y representa una “violación directa” del artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe interferir en procesos judiciales en trámite. El gremio denuncia además un uso “selectivo” de estas herramientas, recordando que la JNJ ha actuado de oficio en defensa de algunas autoridades —como la exfiscal Patricia Benavides— mientras despliega recursos extraordinarios para cuestionar la reposición de Espinoza.

Un patrón de presión sostenida sobre el sistema de justicia

El pronunciamiento asegura que lo ocurrido con Delia Espinoza y el juez Torres Tasso no constituye un hecho aislado, sino parte de un problema mayor: la utilización de instrumentos legales para intimidar, condicionar o desacreditar decisiones jurisdiccionales. Según JUSDEM, esta tendencia debilita gravemente la autonomía institucional tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

Para el gremio, esta interferencia estatal constituye un daño profundo al Estado constitucional de derecho: cuando la ley deja de ser un mecanismo de garantía y pasa a ser un instrumento para perseguir o blindar a determinados actores, se compromete el equilibrio democrático y se erosiona la confianza de la ciudadanía.

“La autonomía no significa impunidad”

JUSDEM recuerda que, aunque la JNJ es un órgano constitucional autónomo, no está exenta del control jurisdiccional ni puede evadir procesos de amparo alegando prerrogativas especiales. En ese sentido, exige que el organismo respete la actuación del juez Torres Tasso y que el Tribunal Constitucional ponga fin a las prácticas que buscan interferir en decisiones judiciales que no resultan favorables a determinados entes estatales.

El pronunciamiento también advierte sobre un riesgo adicional: la JNJ estaría colocándose en la posición indebida de “juez y parte”, evaluando y deslegitimando resoluciones judiciales en procesos donde ella misma es parte interesada. Esta situación —sostiene JUSDEM— afecta directamente la separación de poderes y debilita la autonomía del Ministerio Público.

Ante el incremento de tensiones y el deterioro institucional, JUSDEM anunció que, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales de protección de la independencia judicial. Según el pronunciamiento, las actuaciones recientes vulneran los estándares interamericanos y universales que garantizan la imparcialidad y autonomía del sistema de justicia.