El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha implementado un plan integral para fortalecer la seguridad en las cárceles del país. La estrategia incluye la renovación de directores y jefaturas regionales, junto con operativos sistemáticos de requisas y traslados de internos considerados de alta peligrosidad. Las medidas buscan recuperar la autoridad interna y limitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas.
Durante los últimos meses, la institución también abrió investigaciones a trabajadores por presuntos actos de corrupción, incrementó los controles de visitas y reforzó la rotación de personal de seguridad. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por reducir la influencia de organizaciones criminales dentro de los penales y mejorar la seguridad tanto de los internos como de la ciudadanía.
Renovación de directores y jefaturas regionales
El INPE procedió al relevo total de sus ocho jefaturas regionales y de los directores de 66 penales en todo el país. La medida busca eliminar prácticas irregulares que habrían facilitado la entrada de objetos prohibidos, drogas y celulares. Según la institución, estos cambios representan un paso decisivo para garantizar la integridad y el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
La rotación también incluyó a miembros del personal de seguridad, con el objetivo de limitar la familiaridad que pudiera generarse entre custodios y reclusos. La estrategia se concentra en fortalecer la disciplina y la supervisión, lo que permite mejorar la coordinación de los operativos y prevenir delitos que puedan originarse dentro de las cárceles.
Operativos de requisas a nivel nacional
Entre julio y noviembre, el INPE ejecutó más de 2 mil 500 requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del país, cifra que supera en un 20 % los operativos realizados en los mismos meses de los años anteriores. Estas acciones incluyen inspecciones en celdas, pabellones y áreas comunes para detectar y confiscar objetos prohibidos, drogas y teléfonos móviles.
Los operativos han permitido incautar más de 227 celulares, 636 accesorios y más de 2,4 kilos de droga. La institución informó que estas medidas son parte de un esfuerzo sostenido para desarticular posibles actividades ilícitas organizadas desde el interior de los penales, como extorsiones y amenazas a terceros.
Traslados de internos de alta peligrosidad
El INPE también intensificó los traslados de reclusos que representan un riesgo para la seguridad de los penales y de la ciudadanía. Entre los movimientos recientes destacan el traslado de internos de los penales Miguel Castro Castro y Ancón 1 hacia el nuevo pabellón de Régimen Cerrado Especial – Etapa A de Ancón 1. Allí cumplen condena procesados y sentenciados por sicariato, extorsión y secuestro.
Asimismo, 26 internos fueron trasladados desde Juliaca a Challapalca. La mayoría pertenecen a organizaciones criminales como Los Injertos de Lima y Los Injertos del Altiplano. Estas acciones buscan aislar a los líderes de bandas y garantizar que la operación de los penales no sea vulnerable a la influencia de estructuras delictivas.
Investigación y control del personal
Desde julio, el INPE abrió indagaciones a 49 trabajadores por presuntos actos de corrupción, incluyendo ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad, libertades indebidas y favorecimiento a internos. Las investigaciones forman parte de un plan integral para reforzar la transparencia en la administración penitenciaria.
De manera paralela, se fortaleció la supervisión de visitas y el control de acceso a los penales. Hasta la fecha, más de 800 personas fueron intervenidas durante los controles de ingreso. Estas medidas permiten limitar la circulación de drogas y celulares, al tiempo que refuerzan el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
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