Las recientes destituciones de las fiscales suprema provisional Carolina Delgado y fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos generaron cuestionamientos por la coincidencia entre su remoción y el avance de investigaciones que involucraban a altos funcionarios, incluido el fiscal supremo Tomás Gálvez y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En diálogo con RPP, Gálvez defendió su decisión de retirar a ambas fiscales. Sostuvo que la salida respondió a “ignorancia o desconocimiento de la función” por parte de las involucradas, calificando la medida como un acto de gestión: “En la resolución se señala con toda claridad cuáles son las razones por las que se las ha dejado sin efecto. Primero, porque han mostrado una total ignorancia o desconocimiento de la función. Este es un caso de gestión, no es un proceso penal para que se hable de conflicto de intereses”.
Agregó que la permanencia en cargos provisionales depende de la confianza, y sostuvo que tanto Delgado como Cárdenas la perdieron por supuestamente haber incurrido en hechos “indebidos”, que calificó de ilegales e inconstitucionales, aunque evitó precisar públicamente las acciones específicas.
“Han demostrado mala fe, estaban participando en cosas indebidas, especialmente en mi contra. Si hacen cosas ilegales, demuestran desconocimiento de la función, y encima es en mi contra, obviamente van a perder la confianza”, recalcó.
Al ser consultado por las presuntas irregularidades cometidas por las fiscales, argumentó sin profundizar en detalles que una fiscal provincial no posee competencia para investigar a un fiscal supremo, y señaló que Delgado debió negar información solicitada por la fiscal provincial, en lugar de proporcionarla, pues “solo el fiscal de la Nación, el Congreso o la Junta Nacional de Justicia pueden investigar a un fiscal supremo”.
Fiscales lo contradicen
Las afectadas calificaron su remoción de injustificada y advirtieron que la decisión puede estar vinculada al avance de diligencias sensibles. Cárdenas manifestó que las causas esgrimidas para su salida “no son válidas ni legales” y recalcó la coincidencia temporal entre el impulso de la acusación contra Benavides y su remoción.
“Pedí a la Corte Suprema que señalen fecha para esa audiencia. Llevaba más de 8 o 9 meses de retraso. Pido celeridad y a los pocos días sale mi cese”, advirtió en Punto Final.
Por su parte, Delgado consideró que la decisión daña su trayectoria y sostuvo que trasladar información de un caso a otra instancia fue solo un trámite administrativo sin efecto jurídico. Su opinión tiene respaldo de juristas como el exprocurador José Ugaz, quien calificó el argumento de la resolución como insuficiente para justificar la destitución.
Tras la salida de Delgado, la abogada Lourdes Bernardita Téllez fue designada en su lugar, y Cárdenas pasó a la Fiscalía de Arequipa, mientras que Delgado fue reubicada en Sullana. El proceder de Gálvez mantiene abierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la idoneidad de los procesos de remoción interna de fiscales en casos que involucran a autoridades de alto nivel.