Desde las primeras horas de este lunes 4 de noviembre, el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, ubicados en la Panamericana Sur, quedó suspendido tras un fallo judicial que declaró fundada en parte la acción de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar contra la concesionaria Rutas de Lima.
La medida, dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, establece que los cobros vulneraban el derecho constitucional al libre tránsito, pero también precisa que la empresa debe mantener las vías y brindar servicios de emergencia mientras dure la suspensión.
Hacer cumplir la Justicia
Desde el lugar, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo aseguró que la medida responde a un mandato judicial que debe cumplirse y que el municipio vigilará que la empresa acate la resolución.
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“Lo que yo estoy haciendo aquí como alcalde de Lima es supervisar que una resolución judicial se haya cumplido. La Municipalidad Metropolitana de Lima siempre ha tenido a su cargo las vías importantes de la ciudad y tiene mucho que ver y opinar en este sentido”, expresó Reggiardo durante la verificación.
Asimismo, precisó que el contrato con Rutas de Lima sigue vigente y que la empresa tiene responsabilidades que debe cumplir. “Hay un contrato que hasta ahora se tiene que cumplir. Rutas de Lima tiene una serie de exigencias que tiene que acatar porque el contrato así lo establece”, señaló.
Reggiardo añadió que la justicia dispuso la suspensión del cobro tras determinar que el proceso había sido indebido. “Hay una medida que se ha aplicado, judicial, para que no se siga cobrando, porque la justicia ha encontrado que es abusivo y que ha sido un proceso indebido el de la cobranza”, afirmó.
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La Municipalidad podría asumir el mantenimiento
Respecto al mantenimiento de las vías, el alcalde sostuvo que la empresa concesionaria debe seguir cumpliendo con sus obligaciones, aunque no descartó que la Municipalidad asuma temporalmente la gestión si fuera necesario.
“El mantenimiento y todo ello está estipulado y establecido en el contrato, y en ese sentido tendrá que ser la empresa que lo haga. Sin embargo, a nivel judicial estamos evaluando la posibilidad de solicitar una administración temporal para poder nosotros encargarnos de ese mantenimiento en la medida que la empresa no lo haga”, declaró.
Añadió que existe disposición de la Municipalidad y de Emape para garantizar que los usuarios no se vean perjudicados. “La empresa está obligada a hacerlo porque el contrato así lo establece. Si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a asumir lo que corresponda desde la Municipalidad Metropolitana de Lima y desde Emape”, enfatizó.
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Rutas de Lima acata la medida
Por su parte, el abogado Wilber Medina, integrante del equipo legal del municipio, explicó que se trata de una sentencia en primera instancia que podría ser apelada, pero reconoció la disposición de la empresa a cumplir con el fallo. Pese a ello, la concesionaria catalogó la medida del PJ como “abusiva” e “ilegal”.
“Rutas de Lima ha demostrado buena conducta procesal porque no solo ha suspendido el cobro en Villa y Punta Negra, sino también en la garita de Huaylas. Ellos trasladarán su estrategia a nivel de acciones legales, pero están obligados a mantener las unidades de emergencia y el mantenimiento de las vías”, precisó Medina.
Relación con el caso de Susana Villarán
Finalmente, Medina vinculó la situación contractual de Rutas de Lima con el proceso judicial por el caso Lava Jato, que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán.
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“El Tribunal Constitucional, cuando suspendió el cobro de los peajes de Puente Piedra, exhortó al equipo Lava Jato para que dé prioridad al proceso penal seguido contra Susana Villarán. Si ese juicio termina con condena, se resolverá este contrato por haber respondido a actos criminales”, sostuvo el abogado.
Durante la supervisión, Reggiardo reiteró que el municipio no busca confrontación, sino asegurar el cumplimiento de la justicia.