En el marco de la declaratoria del estado de emergencia por inseguridad ciudadana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó una intervención simultánea en los establecimientos de Miguel Castro Castro, Lurigancho y Chincha, como parte de su estrategia para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la extorsión.
Por disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, más de 120 agentes participaron en las acciones, que incluyeron personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), efectivos de la Policía Nacional del Perú – DIROES, y agentes de seguridad interna y externa de los tres penales. Las inspecciones se llevaron a cabo en celdas, patios, cocinas, servicios higiénicos y zonas comunes, siguiendo los protocolos de seguridad penitenciaria.
Durante los operativos, se incautaron dos celulares, seis envoltorios con pasta básica de cocaína, cinco audífonos, dos cargadores, 100 metros de cable eléctrico, 15 parlantes, 30 tomacorrientes, dos televisores y tres armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos. El pabellón 1 de Castro Castro, el 7 de Lurigancho y el 8 de Chincha fueron los sectores intervenidos.
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El titular del INPE sostuvo que las requisas se ejecutan a diario y de manera exhaustiva en todos los penales del país. “Estamos comprometidos con la lucha contra la inseguridad ciudadana y redoblamos esfuerzos para que ninguna celda quede sin revisión”, declaró Paredes Yataco, quien resaltó la coordinación permanente con la Policía Nacional para impedir que los internos mantengan comunicación con el exterior.
Un sistema bajo presión
Las requisas del INPE se dan en un contexto complejo. Según los registros penitenciarios, más de 26 mil reclusos en el país purgan condena por delitos como extorsión, secuestro y homicidio, lo que refleja la presión del crimen organizado dentro de las cárceles. A ello se suma la sobrepoblación carcelaria, que complica los controles y favorece el ingreso de objetos ilegales.
El penal de Lurigancho continúa siendo el más crítico por el número de internos sentenciados por robo agravado, mientras que Castro Castro y Challapalca concentran reclusos por delitos de mayor violencia. Pese a los esfuerzos por reforzar la seguridad, los hallazgos constantes de teléfonos y drogas muestran la capacidad de las mafias para adaptarse a los controles.
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Extorsión en crecimiento en todo el país
Las cifras de extorsión confirman que el problema no se detiene. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 18 mil 385 denuncias a nivel nacional, un aumento del 29% frente al año anterior, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por este delito.
El impacto es mayor en Lima Metropolitana y Callao, donde las denuncias aumentaron 56% y 48% respectivamente. En el norte, Piura registró un alza de 55%, mientras Áncash y Arequipa también mostraron incrementos. Para las autoridades, gran parte de estas extorsiones se originan en penales, donde los internos logran mantener comunicación a través de celulares no detectados por la falta de bloqueadores de señal en varios establecimientos.
Controles reforzados, resultados pendientes
El INPE asegura que los operativos continuarán en todos los penales del país, con apoyo de la Policía Nacional, como parte del plan de acción dispuesto por el presidente de la República, José Jerí. En esa línea, el objetivo es reducir el poder operativo de las bandas criminales y evitar que las cárceles sigan siendo centros de coordinación delictiva.
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Pese a los decomisos, el sistema penitenciario enfrenta vacíos estructurales. Solo 30 de los 69 penales del país cuentan con bloqueadores de señal en funcionamiento, una brecha que permite que las comunicaciones ilegales persistan. Fuentes policiales señalan que las organizaciones criminales se reinventan constantemente: cambian de métodos, utilizan intermediarios externos e incluso aprovechan la corrupción interna para mantener su influencia.
El INPE ha reiterado que seguirá desplegando esfuerzos en todos los establecimientos del país, pero los resultados recientes revelan la magnitud del desafío: el crimen organizado continúa operando desde prisión, mientras los agentes intentan recuperar el control tras los muros.