ONU condena ley de amnistía en Perú: “Es una afrenta a las víctimas y un retroceso en la justicia”

El Alto Comisionado Volker Türk advirtió que la norma viola estándares internacionales y podría dejar impunes cientos de casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000

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ONU condena ley de amnistía en Perú promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Composición Infobae Perú.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su más firme rechazo a la ley de amnistía promulgada el 13 de agosto por la presidenta de la República Dina Boluarte, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante la época terrorista (1980-2000).

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó la medida como “un retroceso” que debe revertirse de inmediato.

Varias personas cargan los restos de un familiar que fue asesinado en el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) hacia un cementerio durante su velorio, el día en que fueron devueltos a sus familiares en Ayacucho, Perú, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa)

La postura de la ONU

“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, declaró Türk.

El funcionario recordó que el derecho internacional, al que Perú está obligado, “prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

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Türk advirtió que la norma podría dejar impunes cientos de casos, tanto con sentencia como en proceso, lo que significaría un golpe a décadas de búsqueda de justicia y reconciliación en el país.

Naciones Unidas emite pronunciamiento rechazando la ley de amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Foto: X/Misión OACNUDH Perú

Contenido de la ley de amnistía

La Ley Nº 32419, aprobada en segunda votación por el Congreso el 9 de julio, concede amnistía a miembros de las FF. AA., PNP y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme y enfrenten procesos por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. Además, establece una amnistía “humanitaria” para mayores de 80 años sentenciados, siempre que no hayan sido condenados por terrorismo ni corrupción.

La Comisión Permanente aprobó el dictamen con 16 votos a favor y 11 en contra, y el Pleno con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, con respaldo mayoritario de bancadas conservadoras.

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Críticas nacionales e internacionales

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó la ley como “profundamente lesiva” y denunció que busca “controlar políticamente a quienes alzan la voz y luchan por justicia”. La organización exigió su derogatoria inmediata e instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante.

(LUM)

La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, advirtió que esta ley se enmarca en una estrategia política para blindar alianzas entre el Ejecutivo y el Congreso. En declaraciones a OjoPúblico, señaló que una eventual salida del Perú de la Corte IDH es inviable y que el intento de debilitar el sistema interamericano carece de sustento legal y ético.

“Dina Boluarte va a pasar a la historia por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios”, afirmó Mantilla.
Dina Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de policías y militares sentenciados por violaciones a los derechos humanos. Composición Infobae Perú.

Tensión con la CIDH

Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó suspender el trámite de la ley y convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, en la que participarán el Estado, las víctimas y la CIDH. De aplicarse, Perú incurriría en desacato a sentencias internacionales, lo que constituiría el cuarto incumplimiento durante el gobierno de Boluarte.

Mantilla explicó que incluso si el país denunciara la Convención Americana ante la OEA, el proceso tomaría un año y no evitaría que la CIDH mantenga competencia sobre los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

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