El proceso de asignación del Lote 192, uno de los principales activos petroleros de Perú, ha terminado bajo una creciente controversia. Fuentes de Infobae Perú confirmaron que Petroperú otorgó la buena pro a Upland Oil & Gas como socia para la operación del yacimiento. La decisión, adoptada por el directorio presidido por Alejandro Narváez Liceras, tuvo lugar tras fracasar una licitación pública y avanzar hacia una adjudicación directa.
La elección ha levantado fuertes interrogantes debido al historial y la capacidad financiera de la empresa. Hasta antes del gobierno actual, la empresa no tenía producción de petróleo registrada en el país. Solo había estado al frente de dos lotes exploratorios en Talara (XXIII y XXIV), con la salvedad de que perdió el contrato de uno de ellos por incumplimientos reportados ante Perupetro. En el caso del Lote XXIII, la compañía no ejecutó el programa de perforación de pozos y argumentó una “situación de fuerza mayor”, una figura legal que permite suspender temporalmente contratos por causas justificadas.
En 2023, Upland Oil & Gas fue calificada como “sujeto económico” por Perupetro, requisito indispensable para operar el Lote 8 en Loreto. En ese periodo, Isabel Tafur ejercía la presidencia de Perupetro y registraba antecedentes de vinculación laboral con la propia Upland, lo que inició cuestionamientos por posible conflicto de interés. Durante la gestión de Tafur, la empresa obtuvo la adjudicación del Lote 8, desplazando a Petrotal, una operadora activa con una producción diaria de 20 mil barriles de crudo.
Las críticas se intensificaron tras reportes sobre retrasos en el pago de regalías en el Lote 8, correspondientes a dos quincenas, situación que podría derivar en la terminación del contrato si persisten los incumplimientos. Además, existen antecedentes de conflictos laborales y reportes de falta de cumplimiento en obligaciones salariales con los trabajadores de la empresa.
En el plano político, el congresista Jorge Morante presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público contra la entonces presidenta del directorio de Perupetro, Isabel Tafur Marín, y el entonces titular del Ministerio de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich por presuntos conflictos de interés, favorecimiento a privados y falta de transparencia en procesos clave del sector hidrocarburos.
La denuncia sostiene que Tafur suscribió acuerdos con la empresa Upland Oil & Gas LLC cuando ya existía una relación previa entre la funcionaria y el grupo económico propietario de Upland. Según el parlamentario, la llegada de la funcionaria implicó un giro sustancial en la posición de la entidad estatal respecto a los pedidos de la empresa. Durante más de dos años, Perupetro habría mantenido una postura firme frente a los requerimientos de la petrolera, que incluso derivaron en el inicio de un proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, tras su designación, Perupetro modificó su criterio, favoreció a Upland, evitó ejecutar una garantía contractual y permitió que la empresa se convirtiera en el postor principal para la operación del Lote 8, a pesar de no haber producido petróleo en los años recientes.
En el caso de Óscar Vera Gargurevich, la denuncia exhibe reuniones mantenidas con Jorge Rivera Reusche, accionista de Upland, en fechas previas a que Perupetro aprobara una modificación al Programa Mínimo de Trabajo (PMT) del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXIII, firmado con Upland. El documento destaca que el cambio en el programa contractual terminó beneficiando a la empresa. Además, se menciona que Rivera Reusche también sostuvo, posteriormente, una reunión en el Ministerio de Energía y Minas, esta vez en calidad de representante de la compañía Energy Transfer, la cual manifestó interés por la concesión del Gasoducto del Sur, según una publicación del diario La República del 15 de mayo de 2023.