El Primer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió una sentencia de siete años y cuatro meses de prisión efectiva para M. C. M., ciudadana extranjera de 30 años, por intentar asfixiar a su hijo de cuatro años en el baño de su departamento, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos. La condena, dictada a fines de junio de 2025, calificó el caso como delito de parricidio en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024. Según la acusación presentada durante el juicio oral por el fiscal adjunto provincial Carlos Gago Quispe, la mujer inició la agresión física contra el menor y procedió a asfixiarlo. Un familiar escuchó el alboroto y, al ingresar al baño, intervino justo a tiempo para impedir que el ataque culminara en muerte. Posteriormente, otra pariente alertó a la Policía Nacional, cuyos agentes detuvieron a la procesada dentro del domicilio.
Durante su arresto, la sentenciada admitió que atentó contra la vida de su hijo motivada por el deseo de causar sufrimiento al padre biológico, en represalia a presuntos episodios de maltrato psicológico que ella misma padecía. Sin embargo, la Fiscalía sustentó la acusación con pruebas que incluyeron el acta de intervención policial, los testimonios de los testigos, el certificado médico legal, el informe social elaborado por el Programa Aurora y la ficha de valoración de riesgo del menor. Entre los argumentos presentados también figuraron resultados de la pericia psicológica practicada a la condenada.
Aumento de las condenas por violencia familiar en el país
El caso de Los Olivos se suma a otros recientes en el país que exponen la gravedad y frecuencia de los delitos de violencia familiar y contra menores en el hogar. El Distrito Fiscal de Lambayeque obtuvo el 27 de junio una condena en otro proceso de lesiones y agresiones físicas y psicológicas a integrantes del grupo familiar. Jorge L. Ch. F. fue sentenciado a dos años y diez días de prisión por agredir de forma reiterada a su conviviente, una adolescente embarazada de 17 años, con quien convivía en el distrito de José Leonardo Ortiz. La fiscal adjunta provincial Karyna Raquel Vásquez Díaz logró también asegurar una reparación civil de 500 soles para la víctima.
Durante el procedimiento judicial, se demostró que la joven sufría desde el inicio de la relación un patrón de ataques físicos y verbales, muchas veces ejecutados en presencia de menores de edad, lo que agravó la situación. Por temor a represalias, la adolescente no denunció los abusos antes. La sentencia se dictó en menos de 48 horas tras la flagrancia de la agresión, reflejando un esfuerzo de las autoridades por agilizar el procesamiento y sanción de estos hechos.
Según fuentes oficiales, las denuncias por violencia doméstica mantienen una tendencia al alza en Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó en 2024 más de 120,000 atenciones en los diversos centros de emergencia mujer (CEM), de las cuales un alto porcentaje corresponde a menores maltratados por sus familiares. El Programa Aurora, encargado de la atención y prevención de casos de violencia familiar, identificó que los agresores suelen pertenecer al entorno inmediato de la víctima: padres, padrastros, parejas o exparejas de las progenitoras.
Las autoridades fiscales y judiciales señalan que el esclarecimiento rápido de los hechos, la recolección minuciosa de pruebas y el acceso a atención psicológica constituyen pilares para romper el ciclo de violencia. Sin embargo, advierten sobre la dificultad de detectar a tiempo las señales de abuso, especialmente en contextos de encierro o aislamiento frecuentemente observados en situaciones pandemia u otras emergencias.
Expertos en protección infantil subrayan que la visibilización de sentencias firmes resulta esencial para fomentar la denuncia y disuadir futuras agresiones.