El caso Lucchetti, que se remonta a la construcción de una fábrica en Lima en 1996, involucró a políticos peruanos y chilenos en un escándalo de tráfico de influencias.
La disputa, que incluyó corrupción y controversias ambientales, arrastró hasta los tribunales a Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori.
La historia de este conflicto se enlaza también con el conglomerado Tresmontes Lucchetti, una de las empresas más grandes de la industria alimentaria en Chile.
Orígenes del conflicto
En 1996, Lucchetti Perú S.A., una empresa con raíces en Chile, adquirió un terreno de casi 60,000 metros cuadrados en la ciudad de Lima, con la intención de construir una fábrica.
Ubicada cerca del Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa, la obra despertó las alertas de las autoridades locales. La alcaldía de Lima, bajo el liderazgo de Alberto Andrade, anuló las licencias de construcción debido a preocupaciones ambientales y una presunta red de corrupción.
Sin embargo, en 1998, un fallo judicial permitió que la construcción continuara, lo que marcó el inicio de un largo conflicto legal y político.
Vladimiro Montesinos: la figura clave
Un aspecto clave de este caso fue la revelación de un video en el que se ve a Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, interactuando con ejecutivos de Lucchetti.
Este video, conocido como uno de los «vladivideos», mostró conversaciones entre Montesinos y Gonzalo Menéndez, entonces ejecutivo de la empresa, donde discutían temas vinculados con la fábrica y la influencia política.
La grabación, publicada en 2001, desató una investigación en el Congreso del Perú que halló que Lucchetti había “donado” una considerable suma al partido político de Fujimori, lo que añadió un componente de tráfico de influencias al caso.
A raíz de esto, las autoridades de Perú abrieron un expediente judicial que involucraba no solo a los ejecutivos de la empresa, sino también a funcionarios públicos peruanos que fueron acusados de recibir sobornos.
El juicio y las consecuencias para Lucchetti
En 2001, el Congreso peruano inició una investigación formal sobre el tráfico de influencias relacionado con la construcción de la fábrica. Aunque la empresa Lucchetti Perú defendió su postura de que la decisión de los jueces fue legítima, las investigaciones descubrieron múltiples irregularidades.
En 2005, el exasesor Montesinos fue condenado a prisión por su papel en el caso. Mientras tanto, los exdirectivos de la empresa, tanto de Chile como de Perú, se declararon ausentes y no se presentaron en las audiencias.
La falta de presentación de los responsables de la empresa en el juicio impidió una resolución definitiva, pero la controversia siguió en la opinión pública.
Tras varios años de litigios, los esfuerzos por judicializar el caso se diluyeron debido a la prescripción de los cargos, dejando sin consecuencias concretas para las figuras claves involucradas en el conflicto.
El impacto para el grupo Lucchetti
El caso Lucchetti no solo afectó a la planta en Lima, sino que también tuvo repercusiones sobre la imagen y los intereses comerciales de la compañía. En 2003, tras la compra de la marca Lucchetti por parte de Córpora Tresmontes, la empresa se reorganizó y pasó a ser conocida como Tresmontes Lucchetti.
Este cambio significó que la marca chilena, involucrada en el caso peruano, se desvinculara parcialmente de la empresa que la adquirió.
El Grupo Nutresa, de origen colombiano, adquirió Tresmontes Lucchetti en 2013, lo que permitió a la multinacional ampliar su portafolio en los mercados de alimentos procesados, aunque el fantasma del Caso Lucchetti siguió acechando la operación.
Aunque la empresa siguió creciendo en Chile y en otros mercados internacionales, el caso dejó una huella imborrable en su reputación, particularmente en Perú, donde las controversias por la planta siguen siendo un tema sensible para muchos.