Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, brindó un balance de la gestión del Ejecutivo e indicó que los objetivos fueron reactivar la economía del país y velar por la seguridad ciudadana. Sin ahondar en la gran desaprobación contra la mandataria Dina Boluarte, destacó las acciones del gobierno y estimó mayor empleo formal para el próximo año.
En diálogo con RPP, no solo se mostró optimista sobre el empleo en el país, sino que aseguró que esperan “cerca de medio millón de empleos formales nuevos”. “Todos los empresarios coinciden en que el siguiente año crecerán sus industrias. De los 12 indicadores que se piden en las encuestas para empresarios, todos son optimistas, creen que las cosas serán mejores y eso nos alienta y nos compromete a seguir en esta lucha”, mencionó.
Sobre la modificación de la regla fiscal que limita el déficit presupuestario, el cual fue elevado del 2% al 2,8% del PBI para 2024, sostuvo que “probablemente fuimos muy ambiciosos”. Asimismo, invocó a recordar que las demandas sociales vienen contenidas desde hace muchos años. “El Perú ha vivido crisis seis años consecutivos, cambios de presidente a cada momento, y han sido tan cortos los periodos presidenciales que no han tenido tiempo de atender ninguna demanda”, sostuvo.
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¿Cómo llega al 2025 el Perú en materia económica?
El Perú cerró el año 2024 con un panorama económico marcado por desafíos históricos que han puesto en jaque la estabilidad del país. Entre los principales problemas se encuentran un preocupante incremento de la pobreza, un déficit fiscal descontrolado y un crecimiento económico que apenas alcanzó el 3%. Estos indicadores reflejan las consecuencias de una crisis política prolongada y decisiones económicas cuestionadas durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Uno de los primeros signos de alarma fue la caída en la recaudación tributaria durante 2023. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó que los ingresos fiscales disminuyeron un 12,3% en comparación con el año anterior, alcanzando solo S/147.246 millones (aproximadamente 38.600 millones de dólares). Esto representó una pérdida de S/10.530 millones respecto a 2022, lo que debilitó significativamente la capacidad del Estado para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
El impacto de esta contracción fiscal se reflejó en el desempeño del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI peruano registró una caída del 0,55% en 2023, siendo este el peor resultado desde 1998, excluyendo los efectos de la pandemia. Este retroceso económico se atribuye, en gran medida, a la inestabilidad política que caracterizó los mandatos de Castillo y Boluarte, lo que generó incertidumbre tanto en el ámbito interno como en el internacional.
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En febrero de 2024, el gobierno intentó dar un giro en su política económica con el nombramiento de José Arista como ministro de Economía, en reemplazo de Alex Contreras. Sin embargo, la gestión de Arista fue objeto de críticas desde el inicio. El Consejo Fiscal de Perú señaló que el nuevo ministro adoptó una postura débil frente a las decisiones del Congreso y otros ministerios, lo que agravó aún más la situación fiscal del país. Esta falta de firmeza en la conducción económica dificultó la implementación de medidas efectivas para revertir la tendencia negativa.
El aumento de la pobreza es otro de los problemas más alarmantes que enfrenta el Perú. El contexto económico descrito sugiere que la disminución de los ingresos fiscales y el bajo crecimiento económico han limitado la capacidad del gobierno para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. La combinación de estos factores ha llevado a un deterioro en las condiciones de vida de millones de peruanos, consolidando un escenario de desigualdad y precariedad.
El crecimiento económico proyectado para 2024, que se estima en un 3%, es considerado insuficiente para enfrentar los retos estructurales del país. Este nivel de crecimiento refleja un desempeño mediocre que no permite generar los recursos necesarios para reducir la pobreza ni para impulsar el desarrollo sostenible. Además, la falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre política, reflejada en las encuestas, continúan siendo obstáculos significativos para atraer inversiones y fomentar la actividad económica.
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