El presidente del Congreso, Alejandro Soto, advirtió este domingo que emprenderá acciones legales semanales, después de interponer una denuncia contra el periodista José Miguel Hidalgo, reportero de Cuarto Poder, por supuesto reglaje (seguimiento ilegal) ante un reportaje que demostró la relación familiar que el diputado mantiene con la hermana de una de sus trabajadoras.
Al hacerse públicos estos hechos, Soto alegó que no había incurrido en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada. “Tengo 30 años de experiencia como abogado. He desarrollado mi carrera en los pasillos de juzgados y tribunales del país, por lo tanto, no tengo ningún temor de iniciar acciones legales semanales en defensa de mi honor y la integridad de mi familia”, señaló en un mensaje difundido en X, antes Twitter.
El IPYS demandó que la denuncia sea rechazada por el Ministerio Público por considerarla “un intento más” para criminalizar el ejercicio válido de la libertad de expresión. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) consideró, por su parte, que “este hecho reviste una gravedad mayor” y puede ser considerado “una instrumentalización del sistema de justicia en el país contra quienes tienen la responsabilidad de informar”.
En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana señaló que la acusación de Soto “es descabellada, pero peligrosa, dado que el delito de reglaje se configura cuando se tiene el objetivo de atentar contra la seguridad” de las personas. “Queda claro que el reportaje no busca ello, sino transparentar a la ciudadanía que el presidente del Congreso sí mantiene una relación con una mujer cuya hermana contrató en su despacho, y que habría mentido al señalar que tal relación no existía”, indicó el gremio.
El titular del Parlamento ha alegado que, para el reportaje, el periodista y su equipo le hicieron seguimiento, expusieron a su hijo menor de edad y revelaron datos personales y su dirección de domicilio. Sin embargo, Hidalgo señaló que empleó los sistemas que la transparencia permite para solicitar información, incluido imágenes de cámaras de videovigilancia de la municipalidad. “Hemos recurrido justamente a todos los caminos que nos da la ley para poder contar con libertad una noticia”, afirmó.
“Puedo acotar que el presidente se reserva el derecho de denunciar penalmente a quienes violenten su intimidad o la de su menor hijo, más aún si es un hecho zanjado hace un año”, le replicó.

A la denuncia por reglaje realizada a través de la Procuraduría, se suma una querella por el presunto delito de violación de la intimidad presentada ante el Juzgado Penal Unipersonal de Turno de Lima Este. Soto solicitó una pena de cuatro años de prisión, 180 días de multa y una reparación civil de 70 mil soles por el lucro cesante, daño moral y daño a la persona.
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