La coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la fiscal superior Marita Barreto, aseguró que el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, aún tiene posibilidad de acogerse a un proceso especial como la colaboración eficaz en el caso denominado “Gabinete en la sombra”.
En diálogo con Canal N, Barreto Rivera indicó que, si bien la situación de Sánchez Sánchez “se ha agravado” por haber salido ilegalmente del país, la ley proporciona mecanismos a los que se puede someter como parte de su estrategia de defensa.
Acogerse a la colaboración eficaz implicaría que el amigo del expresidente Pedro Castillo reconozca los delitos que le atribuye el Eficcop y, a su vez, proporcione información relevante que ayude a corroborar los actos delictivos en los que habría participado. A cambio, la Fiscalía podría otorgarle beneficios premiales, como la reducción de la pena o, incluso, la exención de la condena.
Alejandro Sánchez Sánchez llegará hoy jueves 20 de junio a Perú deportado desde Estados Unidos, que ordenó su expulsión por haber ingresado irregularmente a territorio norteamericano en 2023.
Expulsan a Alejandro Sánchez Sánchez
El Tribunal de Inmigración del Departamento de Justicia había ordenado la expulsión de Alejandro Sánchez Sánchez en abril de este año, disposición que fue apelada, pero finalmente rechazada el 10 de mayo.
Sánchez-Sánchez fue arrestado en 2023 en la frontera entre Estados Unidos y México. Hasta su deportación, estuvo recluido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Pine Prairie en Luisiana. Las autoridades peruanas informaron que su llegada está prevista para las 3:30 de la tarde, donde enfrentará una orden de prisión preventiva por 30 meses.
Este empresario, investigado por formar parte de una presunta organización criminal liderada por el expresidente Castillo, había huido de Perú en octubre de 2022 para evadir la acción de la justicia. Las autoridades creen que esta organización tenía como fin colocar a personas afines en posiciones clave del gobierno para beneficiarse de obras y licitaciones públicas.
El Ministerio del Interior había ofrecido una recompensa de 30 mil soles por información que llevara a su captura. Sánchez-Sánchez, quien apeló en múltiples ocasiones para conseguir asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, dichos pedidos fueron rechazados.
La casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, ganó notoriedad después de la victoria electoral de Pedro Castillo en 2021. Se sospecha que allí se realizaron reuniones y coordinaciones actualmente bajo investigación por presuntas irregularidades.
Una vez que se encuentre en territorio peruano, Sánchez Sánchez deberá pasar por un control de identidad ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de turno. Luego, será ingresado a un centro penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que cumpla con el mandato de prisión preventiva que se le impuso.
Tomás Gálvez, exfiscal supremo y abogado de Sánchez, indicó en septiembre de 2023 que su cliente contempló seriamente entregarse a las autoridades durante el periodo en que estuvo en la clandestinidad. Sin embargo, la decisión no se concretó debido a la percepción de falta de imparcialidad en el proceso judicial.
En ese tiempo, Sánchez había evaluado presentarse ante las autoridades luego de la incautación de sus bienes, incluida la mencionada casa de Sarratea. Según Gálvez, la presión mediática había disminuido considerablemente, haciéndole creer que la entrega podría ser una opción viable. Sin embargo, la ratificación de la incautación de sus bienes y el temor a no contar con garantías suficientes lo llevaron a desistir de esa intención y optar por salir al extranjero.
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