Periodistas denuncian inacción de autoridades ante casos de acoso sexual, intimidación y amenazas de muerte

Un grupo de cinco periodistas, pertenecientes a diferentes medios de comunicación, se armó de valor para denunciar a un sujeto identificado como Hialmar Enrique Laynes Sánchez por acoso sexual, intimidación y amenazas en contra de su integridad, tanto física como emocional.

De acuerdo a los testimonios de estas ciudadanas, a través de sus redes sociales y otras publicaciones, en la gran mayoría de los casos se han presentado denuncias formales en contra de este hombre a la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, no han obtenido una respuesta contundente que les devuelva la seguridad.

Un informe de ATV mostró la respuesta del sujeto frente a las graves acusaciones, que incluirían el envío de fotografías de armas de fuego y otras de contenido sexual con advertencias implícitas, además de la dirección y número de celular para obligar a que las mujeres de prensa lo contacten.

De acuerdo al registro, lejos de mostrarse preocupado o arrepentido por las medidas emprendidas, Hialmar Enrique Laynes Sánchez no negó las denuncias por acoso sexual en su contra, sino que —caso contrario— admitió el proceso legal que existe a su nombre.

Según las víctimas de violencia de género, el sujeto argumentaría un supuesto robo de identidad para negar los hechos; sin embargo, las amenazas emitidas luego de sentar las denuncias tendrían relación con lo ocurrido, lo que evidenciaría que está al tanto de lo ocurrido, además de que sus datos coinciden.

Frente al lamentable panorama que atraviesan estas cinco periodistas, desde las redes sociales y otros sectores de la ciudadanía se ha pedido una investigación exhaustiva en contra del sujeto, quien cuenta con antecedentes de denuncias por acoso sexual que datan desde inicios del 2023.

La periodista Manuela Camacho, una de las afectadas, utilizó sus redes sociales para rechazar que hayan pasado cuatro días y que aún no ha ingresado la solicitud de las medidas de protección que le corresponden. Ella, incluso, afirmó que las amenazas continúan y que el sujeto se muestra totalmente impune a la investigación legal.

Finalmente, pidió medidas al MIMP y a otras entidades del Estado, ya que cinco mujeres son acosadas sexualmente por el mismo sujeto y aún no han recibido apoyo.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que no se otorgaron las medidas de protección a favor de Manuela Camacho, una de las víctimas, debido a que el Poder Judicial se inhibió por “competencia territorial”. Es decir, se negó a aceptar la denuncia “por el lugar donde se produjeron los hechos”.

“El caso fue visto por el Cuarto Juzgado de Familia Subespecialidad de Violencia Contra la Mujer de la Corte Superior de Lima Este y por el Décimo Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya inacción resulta inaceptable por tratarse de acoso con riesgo severo. Advertimos que las medidas de protección deben ser dictadas dentro de las 24 horas”, expresaron.

Un estudio de 2020 realizado por la UNESCO y el Centro Internacional de Periodismo reveló que el 73% de las mujeres periodistas ha sufrido violencia en línea. La investigación, que encuestó a 714 comunicadoras, también destacó que solo el 25% denunció estos incidentes a sus empleadores.

El informe subrayó que, como resultado de estas agresiones digitales, el 30% de las periodistas se autocensuró y el 20% dejó de interactuar de forma digital. Las consecuencias más graves incluyen que un 20% de las profesionales admitió haber sido agredida físicamente debido a las amenazas en línea y un 4% decidió faltar al trabajo por miedo.

En ese marco, Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, afirmó que este problema no ha sido suficientemente estudiado en Latinoamérica, incluido Chile. A su vez, señaló que faltan datos y protocolos de seguridad digital ante situaciones de violencia y acoso en línea. También criticó que los sistemas de reporte automatizados de las plataformas de redes sociales, que utilizan formularios, pueden desalentar a las víctimas.

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. De necesitarlo, puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular. El MIMP recuerda a la población que esta atención se otorga durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.