A pesar que el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, confirmó la semana pasada, en entrevista con Canal N, que el proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper, en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, “tiene todos los permisos ambientales” y que “hoy lo único que queda es que el Ministerio de Energía y Minas resuelva los problemas sociales”, la población del Valle de Tambo se mantiene firme en que este no va.
Así lo han vuelto a ratificar, anunciando una nueva medida de protesta programada para el 19 de julio contra la mina de cobre. De acuerdo a una nota de prensa difundida por Red Muqui, la decisión se tomó en una asamblea celebrada en la plaza San Francisco de Cocachacra, que contó con la participación de agricultores, comerciantes y ciudadanos de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mollendo.
Manifestantes exhortarán a gobernador y alcaldes
En la reciente asamblea, que, además, contó con la presencia de Elmer Arenas, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Jorge del Carpio del Comité de Lucha de Arequipa y Ramiro Ponce y representante de los distritos del cono sur de Arequipa, también se acordó que, en los próximos días, se enviarán comunicados al gobernador regional, Rogelio Sánchez, y a los alcaldes locales instándolos a rechazar el proyecto minero.
Al respecto, la exdirigente Marilú Marroquín ha manifestado que la oposición local al proyecto Tía María sigue creciendo, con la participación activa de distintos sectores de la comunidad que buscan defender sus derechos y recursos naturales. “Somos de lucha, somos guerreros, que desde hace 15 años viene soportando el asedio de esta empresa”, dijo a Red Muqui.
Denuncian criminalización contra dirigentes
En el marco del diálogo, los protestantes dieron a conocer que, actualmente, dos exdirigentes, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, cumplen un año de prisión tras ser acusados por delitos relacionados con las protestas del 2015 contra el proyecto.
Asimismo, otros tres dirigentes, Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca, permanecen en la clandestinidad, mientras que Miguel Meza, otro vocero que se mostró en desacuerdo con Tía María, enfrenta una cuarta acusación por disturbios, que, según su abogado David Velasco, podría ser archivada.
Y, Héctor Herrera, abogado defensor de los agricultores del valle e imputado bajo la acusación de ser el brazo legal de una organización criminal, también enfrenta cargos severos, incluyendo posibles cadenas perpetuas y fuertes multas.
¿Por qué se oponen a Tía María?
La oposición al proyecto minero Tía María, diseñado para producir 120 mil 000 toneladas de cobre al año, ha expresado varias preocupaciones respecto a su ejecución y los posibles impactos medioambientales.
Inicialmente, una de las preocupaciones fue el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, que, aseguran, fue evaluado en menos tiempo, lo cual levantó sospechas sobre la rigurosidad del análisis y la posibilidad de que se haya aprobado bajo presiones.
Asimismo, un punto central de la oposición es el desmonte contaminante producto de la extracción del mineral, que, de acuerdo a los manifestantes, el EIA no detalló de manera suficiente cómo se gestionarán estos desechos. Y, por otro lado, la falta de garantías sobre que no se utilizará agua del río en ningún momento a favor del proyecto. Esto con el fin de evitar que se comprometa el recurso hídrico de la zona utilizado por las comunidades para actividades como la agricultura y ganadería.