Estado peruano sigue vulnerando derecho a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos de La Oroya: incumplen sentencia de la Corte IDH

Las víctimas de contaminación con metales pesados en La Oroya —la quinta ciudad más contaminada del mundo— denunciaron que, dos meses después de la notificación, el Estado no ha implementado medidas de reparación, remediación y reducción de emisiones tóxicas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Así lo ha confirmado un informe de La República en el que Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica que dicha inacción está relacionada con los procedimientos del mismo Estado.

Esto a pesar de que organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ya tienen competencias en fiscalización, monitoreo ambiental y atención a la salud de las víctimas y la población de La Oroya.

En diálogo con el mismo medio, Rosa Peña informó que la orden de la IDH debe ser implementada por el Perú en un plazo de dos años.

Asimismo, subrayó que, aunque no se está pidiendo el cierre del complejo, este debe operar bajo estándares ambientales estrictos para evitar mayor contaminación. Pues, el Complejo Metalúrgico La Oroya ha sido reabierto, generando niveles de contaminación que superan los estándares actuales y los establecidos por la Corte IDH.

Como se recuerda, el problema de salud derivado de la contaminación en La Oroya, en la provincia de Yauli, Junín, se conocía desde 1981, con un impacto en la calidad del suelo, agua y aire.

A lo largo del tiempo, esto provocó que los ciudadanos se vieran obligados a permanecer en sus casas, evitar beber agua de manera segura, mantener las ventanas cerradas debido a los gases en el ambiente y que la actividad agrícola y ganadera se viera severamente afectada.

Sobre este último punto, Yolanda Zurita, una de las víctimas del caso, relató que tras la reapertura, la población ha experimentado problemas de salud como picazón en la garganta y dolores de cabeza.

Incluso relató que los alumnos han tenido que suspender actividades escolares para permanecer en sus aulas y alejados del aire contaminado. Además, la situación afecta áreas hasta 180 kilómetros alrededor de La Oroya, incluyendo la ciudad de Huancayo.

La Corte IDH determinó que en marzo que el Estado peruano, a través de sus más altas autoridades, deberá reconocer públicamente su responsabilidad en la misma ciudad de La Oroya.

Esto debido a que este es responsable de violar los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos de la niñez y el derecho a la vida de los ciudadanos.

Asimismo, la condena incluye la falta de investigación sobre el hostigamiento hacia defensores ambientales y las denuncias presentadas al Ministerio Público.

Además, la sentencia también establece que el Estado peruano incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del complejo, así como por no brindar asistencia médica adecuada a las víctimas, lo que resultó en daños físicos y psicológicos, especialmente en niños, mujeres y adultos mayores.

Por ello, se exige un plan de acción para remediar los daños ambientales, tratamiento médico de manera gratuita e indemnizaciones que varían entre 15 mil y 30 mil dólares, dependiendo de la condición de las víctimas y el grado de afectación.