Migraciones ordena expulsión de 31 extranjeros intervenidos en Cusco y Tumbes

La Superintendencia Nacional de Migraciones dictó 31 órdenes de expulsión para ciudadanos extranjeros en Cusco y Tumbes tras operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. Las intervenciones demostraron que los extranjeros ingresaron al país sin cumplir con el control migratorio adecuado.

La medida se llevó a cabo aplicando el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), diseñado para la rápida salida de infractores. Este método permite acciones expeditivas contra quienes ingresan de manera irregular o llevan a cabo actividades que atenten contra el orden público, la seguridad nacional o ciudadana.

Los extranjeros, provenientes de Etiopía, Haití y Venezuela, fueron interceptados en diferentes operativos policiales mientras se dirigían a Lima desde Tumbes y Cusco, los días 22 y 23 de mayo. Además de la expulsión, se les impuso un impedimento de retorno al país por 15 años.

En Cusco, la intervención de la PNP involucró a 19 ciudadanos que aparentemente ingresaron al país por Madre de Dios desde Brasil, en un bus interprovincial.

Por otro lado, en Tumbes, la PNP y la Fiscalía de Trata de Personas encontraron a 12 extranjeros caminando cerca del Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) con dirección al sur.

Según el informe policial, Migraciones utilizó el PASEE, un mecanismo que facilita la expulsión inmediata de personas extranjeras que evaden el control migratorio.

Este procedimiento consta de dos fases: una fase instructora y otra sancionadora. Inicia con la imputación de cargos y finaliza con la notificación de la resolución de expulsión, la cual debe ser ejecutada por la PNP en un plazo máximo de 24 horas.

Esta rápida acción busca mantener el orden interno y la seguridad del país. La Superintendenta de Migraciones comunicó que el PASEE es clave para enfrentar las crecientes amenazas representadas por la inmigración irregular y la posible comisión de delitos.

Extranjeros expulsados

En una conferencia de prensa en octubre pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, indicó que aquellos individuos que intenten reingresar al país tras ser expulsados por cometer delitos o por procedimientos administrativos de Migraciones enfrentarán sanciones que podrían incluir el encarcelamiento.

Además, el titular del Minjus afirmó que este asunto ha sido identificado y analizado cuidadosamente, y se ha planteado una solución legal: quienes intenten regresar con la intención de cometer un delito serán sujetos a penas de prisión.

Es importante mencionar que, durante 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que se prohibió la entrada a 2.170 extranjeros mediante controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal punto de fiscalización migratoria en Perú.

De este total, 455 personas fueron objeto de exámenes detallados en el control secundario, al ser consideradas posibles amenazas según las evaluaciones realizadas en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).

Mediante un comunicado, la entidad destacó que el objetivo de este mecanismo es asegurar la evaluación de las amenazas a la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento adecuado de las normas migratorias.

Las principales razones para denegar el ingreso incluyen la falta de visado, la presentación de documentos de viaje que no cumplen con la validez mínima de seis meses y el incumplimiento del perfil de turista requerido para entrar al territorio.

La inmigración venezolana en Perú ha experimentado un notable incremento desde 2017 debido a la crisis económica y social en Venezuela. Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de un millón de venezolanos han ingresado al país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, la situación también desencadenó desafíos en términos de integración y seguridad. Desde 2020, las autoridades peruanas implementaron medidas más de control migratorio, lo que resulta en un aumento de expulsiones de aquellos sin documentos en regla o vinculados a actos delictivos.