Junín: Alcalde de Satipo lanza micrófono que tenía baja batería en plena reunión de concejo

Regidor municipal señaló que autoridad edil tiene conducta arrogante con compañeros de trabajo y periodistas.

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Regidor municipal señaló que autoridad edil tiene conducta arrogante con compañeros de trabajo y periodistas.

El alcalde de la provincia de Satipo, César Marea Tello, protagonizó un incidente en una sesión de concejo al perder la compostura y arrojar el micrófono al suelo, molesto porque la batería estaba baja y no se le escuchaba.

El regidor Walver Surichaqui narró en entrevista con RPP que se encontraba leyendo unos documentos cuando de repente oyó un ruido y vio que el micrófono había caído en sus pies.

Surichaqui también mencionó que en ocasiones anteriores, el alcalde de Satipo había tenido enfrentamientos verbales con él, otros regidores y periodistas, destacando que su actitud es siempre arrogante.

Según las imágenes de la sesión de concejo realizada el lunes 20 de mayo en Satipo, la mayoría de los regidores no reprendió este comportamiento, y algunos incluso se rieron. Hasta el momento, no se ha mencionado si se tomará alguna medida disciplinaria contra el alcalde, quien aún no ha dado declaraciones.

Cabe resaltar que el alcalde César Marea Tello fue condenado a un año de prisión suspendida por delitos ambientales cometidos durante su primer mandato. Como sentencia, también le impusieron el pago de una reparación civil de S/20 mil.

Según el Ministerio Público, durante su primer periodo en la alcaldía de Satipo (2007-2010), Merea Tello no tomó ninguna medida después de enterarse de que uno de los cerros de la provincia, con potencial turístico, había sido convertido en un vertedero ilegal por el área de limpieza pública de su municipio.

Alcalde de Satipo, César Merea, pierde los papeles en sesión del concejo. (Infoandes)
Alcalde de Satipo, César Merea, pierde los papeles en sesión del concejo. (Infoandes)

Junín: Dictan prisión preventiva contra adolescente

El Poder Judicial ordenó 50 días de prisión preventiva para un adolescente de 15 años acusado de extorsionar a un compañero de colegio en La Merced, en la provincia de Chanchamayo, región Junín.

Se alega que el joven utilizaba cuentas falsas de WhatsApp para amenazar a su víctima, también menor de edad, exigiendo dinero a cambio de no dañar su integridad física ni la de su familia.

El fiscal adjunto Víctor Aldana, a cargo de la investigación, informó que el escolar habría conseguido acumular S/ 7,000 de su víctima, dinero que luego gastó en celulares, relojes y otros artículos de lujo.

La detención del menor ocurrió durante un operativo policial en la escuela, cuando recibía S/ 1,500 de su compañero extorsionado. La intervención en flagrancia y las pruebas presentadas, como los mensajes de extorsión y el cotejo de billetes, fueron decisivas para la decisión judicial.

Asimismo, se destacó la falta de supervisión familiar del acusado, quien ahora está recluido en el Centro Juvenil de Huancayo. Estos detalles subrayan la complejidad del caso, revelando no solo la conducta delictiva sino también los problemas sociales subyacentes.

Los casos de extorsión en Perú se han disparado un 44% el año pasado, alcanzando más de 22 mil incidentes a nivel nacional, según reportes de la Policía. (Composición: Infobae / Andina)
Los casos de extorsión en Perú se han disparado un 44% el año pasado, alcanzando más de 22 mil incidentes a nivel nacional, según reportes de la Policía. (Composición: Infobae / Andina)

Este caso resalta la importancia de la supervisión en el uso de redes sociales por parte de menores y la responsabilidad de las instituciones en detectar y actuar ante señales de violencia escolar y extorsión.

Es importante señalar que en los últimos años hubo un aumento en los delitos cometidos por menores de 18 años en nuestro país. A finales de 2023, se reportó que casi 2,000 jóvenes estaban recluidos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del Ministerio de Justicia.

De estos, 197 fueron encarcelados por delitos contra el patrimonio y 198 por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El adolescente detenido ahora deberá cumplir 50 días de prisión preventiva mientras se determina su sentencia.

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