Senadores de EE.UU. ante posible destitución de JNJ: “Tendrá un profundo impacto en la legitimidad y fortaleza de la democracia”

Los senadores Tim Kaine y Ben Cardin se declararon “profundamente decepcionados y preocupados” ante esta decisión que “amenaza gravemente la independencia de procesos judiciales y electorales” en Perú

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Los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine, en defensa de la JNJ. Foto: Andina/EFE
Los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine, en defensa de la JNJ. Foto: Andina/EFE

Los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine emitieron este martes un comunicado conjunto en el que se declararon “profundamente decepcionados y preocupados” ante la posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso, que votará la propuesta en dos días.

Cardin y Kaine, quienes lideran el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores (SFRC) y el Subcomité del SFRC para el Hemisferio Occidental, respectivamente, subrayaron la necesidad de que el Parlamento respete la “independencia judicial”.

“Esta decisión amenaza gravemente la independencia de los procesos judiciales y electorales del país y representa otra serie de acciones alarmantes que el Congreso de Perú ha tomado en los últimos años, desde el reemplazo del Tribunal Constitucional en un proceso no transparente hasta el ataque contra” en Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se lee en el pronunciamiento.

Los senadores remarcaron que el Perú “es uno de los socios democráticos más importantes de Estados Unidos”, de modo que “es imperativo” seguir “trabajando [...] para cumplir compromisos [...] y defender los valores democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos” en medio del “del retroceso democrático y las amenazas a las instituciones independientes en el hemisferio”.

“Cualquier apariencia de interferencia política con el JNJ tendrá un profundo impacto en la legitimidad y fortaleza de la democracia peruana. Instamos a los miembros del Congreso de Perú a defender la integridad de las instituciones independientes del país y a reconsiderar seriamente su curso de acción actual”, zanjaron.

El pleno sesionará este jueves, debatirá y votará las conclusiones del informe final que denuncia a los miembros de la JNJ y propone su cese e inhabilitación por 10 años de toda función pública. La presidenta Dina Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes, al referirse a este informe.

“Creo que, en un país democrático y con Estado de derecho, tenemos que equilibrar los poderes, así que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para tener un país que, para fuera y para dentro, pueda garantizar (ser) un país democrático, estable y equitativo”, dijo.
Antonio Humberto de la Haza Barrantes: Perfil y hoja de vida del nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia|Andina
Antonio Humberto de la Haza Barrantes: Perfil y hoja de vida del nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia|Andina

El Legislativo y el máximo órgano de la judicatura mantienen un enfrentamiento desde el año pasado, cuando la Comisión de Justicia del Congreso también recomendó destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas “faltas graves”.

Otros pronunciamientos

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se ha pronunciado ante la eventual remoción de los juristas. “En vista de la próxima votación en el Congreso sobre la destitución de miembros de la JNJ, reiteramos nuestra seria preocupación por acciones que corren el riesgo de afectar su independencia”, indicó el organismo de la ONU en un comunicado.

Añadió, de igual modo, que la JNJ “es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, indicó que “monitorea el avance de la discusión” en el Congreso y recordó “al Estado que todos los procedimientos que puedan resultar en la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.

“El control político de la actividad de las personas operadoras de la justicia, basado en criterios de discrecionalidad, es contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben observarse en procesos disciplinarios”, concluyó el documento.