Dinero que gasta el Estado en consultorías puede acabar con la pobreza en Perú, según contralor

El contralor Nelson Shack precisó que en 2023 el Estado destinó entre 6000 y 7000 mil millones de soles para consultorías. “¿Realmente para qué se contrata, de verdad se necesita o solo se hace para pagar favores políticos?”, cuestionó

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Fuente: Exitosa TV

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó este martes que, solo en 2023, el Estado destinó entre 6.000 y 7.000 mil millones de soles para consultorías, un monto que, bajo su cálculo, alcanza para liminar la pobreza que azota al país en dos años.

“Tan simple como eso. Además, si calculo cuánta es la cantidad de personas en situación de pobreza, [...] y les damos un bono a cada uno, eso es más o menos 10 mil u 11 mil millones de soles, la mitad se gasta en consultorías. De hecho, es por eso que llama la atención por qué se gasta tanto”, dijo el funcionario en una rueda de prensa.

La pobreza monetaria afectó en 2022 a 9,2 millones de personas (el 27,5 % de la población), según un estudio realizado por la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) con base en información estadística oficial. Para 2023, de acuerdo con pronósticos de expertos, el porcentaje llegaría al 33%, una cifra que incluso superaría a lo alcanzado en el año de la pandemia (30,1%).

“Hay tres preguntas que hay que hacerse cuando uno mira una consultoría: ¿realmente para qué se contrata, de verdad se necesita o solo se hace para pagar favores políticos? [...] Si se contrató y se pagó miles de soles, ¿lo que se entregó es lo que se pidió?”, cuestionó el contralor al presentar una plataforma que transparenta este servicio especializado.

Funcionario dio alcances de la situación al interior de gobiernos y municipalidades. | Contraloría
Funcionario dio alcances de la situación al interior de gobiernos y municipalidades. | Contraloría

En la misma comparecencia ante la prensa, Shack calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional en 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado.

“En 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7. En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.

La región con mayor incidencia de los efectos de estas problemáticas fue el Callao, donde la pérdida estimada alcanzó al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado. En segundo lugar está Tumbes (17.5%) por delante de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%).
Contraloría General de la República. (Foto referencial: Andina)
Contraloría General de la República. (Foto referencial: Andina)

Las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar, con S/ 1501 millones de pérdidas por el mismo motivo, seguido de Cusco (S/ 1352 millones), Áncash (S/ 1311 millones), Callao (S/ 1227 millones) y La Libertad (S/ 1131 millones). Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).

“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.

El contralor también indicó que unos 9338 funcionarios públicos tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional. Del total, 5436 funcionarios únicos tienen presunta responsabilidad administrativa; 2002, responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría; 3394, responsabilidad civil y 4030, responsabilidad penal.