El congresista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de ley para sancionar con cadena perpetua a funcionarios o servidores públicos que cometan graves delitos contra la administración pública en situaciones de corrupción.
La iniciativa legislativa 07056/2023 CR busca realizar cambios en el Código Penal para añadir el texto al artículo 425-A dentro del Decreto Legislativo 635 con el siguiente texto:
“Teniendo en cuenta la gravedad del caso, el perjuicio patrimonial al Estado y la afectación a la correcta administración púbica, la pena privativa de libertad de cadena perpetua puede ser aplicada a los funcionarios o servidores públicos que cometan delitos en regulados en los artículos 376-A, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 393, 393-A, 395, 395-A, 395-B, 396, 397, 397-A, 398, 398-A, 400 y 401″, menciona el documento.
Según la propuesta, la pena más severa se aplicará en instancias graves de abuso de autoridad, manipulación indebida en la distribución de bienes y servicios; asignaciones, nombramientos, contrataciones o aceptaciones ilegales de posiciones; extorsión; recepciones ilícitas de pagos; representación ilegal, y malversación de fondos.
Igualmente, se incluye en la listado de delitos la malversación de fondos, el soborno internacional, diversas formas de cohecho, corrupción pasiva en el ámbito jurisdiccional, gestiones incompatibles o abuso de posición, tráfico de influencias y acumulación indebida de riqueza.
En la justificación del proyecto de ley, Pariona resaltó que de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, en 2023 se documentaron 40,095 incidentes de corrupción, siendo el 16% de estos en Lima, el 9% en Ancash, y el 8% en Cusco.
Añade que, según un sondeo realizado por el INEI en 2022, el 54% de los peruanos percibían la corrupción como el principal problema del país, con la delincuencia (28%), los bajos salarios (28%), la pobreza (15%), la falta de transparencia (14%), el desempleo (14%), la inseguridad ciudadana (11%), y la deficiente calidad de educación escolar (9%) siguiéndole en importancia.
Esta situación, según precisa, da cuenta que “los actos de corrupción en la administración pública están vigentes y que no existe un ánimo de enmienda respecto de las nuevas generaciones de funcionarios públicos”.
El congresista Pariona sostiene que los delitos de corrupción merecen la pena más severa prevista en el Código Penal, la cadena perpetua, dada la afectación negativa que causan al patrimonio del Estado y a la administración pública de manera correcta.
De este modo, quienes incurran en conductas delictivas tales como abuso de autoridad, asignación ilegal de cargos, extorsión, colusión, patrocinio indebido, peculado, malversación de fondos, cohecho, soborno, gestiones incompatibles, tráfico de influencias y acumulación ilícita de riqueza, deberían recibir como castigo la cadena perpetua.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en la comisión de Justicia y Derechos Humanos. De aprobarse, procederá a ser debatido en el Pleno del Congreso, donde todos los representantes tendrán la oportunidad de discutir, realizar modificaciones si fuese necesario, y finalmente votar.
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