La presidenta Dina Boluarte remitió este jueves un oficio en el que solicitaba al fiscal a cargo de investigar a Ruth Bárcena Loayza e Hilaria Aimé por las agresiones en Ayacucho, que no impulsará el proceso en contra de ambas. Como se sabe, las dos ciudadanas eran parte del grupo de deudos que perdieron a sus familiares durante las marchas en contra del gobierno en diciembre del 2022, tras el ascenso de Boluarte al poder.
En el oficio, la mandataria pidió al representante del Ministerio Público, Brechman Muñoz, que “comprende” el motivo por el que ambas mujeres buscaron increparle erróneamente su desazón por la falta de justicia obtenida en el marco de los casos de asesinato que marcaron las 10 muertes en la región de Ayacucho. Posteriormente, en entrevista con RPP, su abogado, Joseph Campos, afirmó que esta situación debería entenderse como “un paso a la reconciliación”.
Esta misma idea fue compartida inicialmente por la presidenta Dina Boluarte en el documento remitido al Ministerio Público, en el que precisa que “comparte su aflicción por la audiencia de respuestas y de justicia de los familiares de las personas que fallecieron o fueron lesionadas en aquel contexto descrito; sin que ello justifique conductas contrarias al Estado de Derecho”.
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“Por lo tanto, en calidad de agraviada de esta investigación, anuncio que no impulsaré la misma y exhorto al cierre de la investigación si la autoridad lo considera pertinente” se lee en el documento revelado por el medio RPP este jueves, el cual fue respaldado y explicado posteriormente por Campos mediante una entrevista.
Solicitud de Boluarte no implica un desistimiento por parte de la Fiscalía
Pese a lo que la presidenta Dina Boluarte afirme mediante su pronunciamiento, este hecho no descarta de plano el cese de un procedimiento investigativo contra Ruth Bárcena Loayza e Hilaria Aimé; cuyos familiares, Leonardo Hancco y Cristopher Ramos, respectivamente fueron dos de los peruanos asesinados durante la incursión de las fuerzas del orden al aeropuerto de Huamanga.
Por ello, la investigación iniciada por el fiscal Brechman Muñoz Lapa por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio, que dio inicio el último martes y está programada para durar 20 días, en su etapa preliminar, aún no se encuentra cerrada; por lo que ambas mujeres ayacuchanas aún se encuentran bajo el riego de que se inicien procesos mayores en su contra.
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No obstante, la actitud de ambas mujeres respecto al desarrollo de las pesquisas de la Fiscalía de la Nación siempre ha sido en apoyo a las diligencias. El último lunes, Ruth Bárcena Loayza se presentó ante el edificio fiscal ubicado en Huamanga, mientras que Hilaria Aimé tenía programada su presencia ante la Fiscalía para el martes de esta semana.
En dicho sentido, la misma abogada a cargo de sus casos, Gloria Cano, aseveró para Infobae Perú que, desde la defensa, consideraban que la probabilidad de que se califiquen las agresiones hacia Boluarte como un delito de tipo penal eran mínimas. Ello debido a que sus acciones “en ningún momento impidió ejercer funciones”.
Boluarte pide que no investiguen a familiares, pero quiere anular caso por homicidio calificado
La decisión de Dina Boluarte de no impulsar estas investigaciones contra Bárcena y Aimé no se dan de la nada. Luego de difundirse el pedido, su abogado, Joseph Campos, declaró por varios medios que había presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial para que las investigaciones contra la presidenta por el caso de las muertes durante las protestas en su contra sean archivadas.
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Como se sabe, a la presidenta se le imputan los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en contra de un total de 40 peruanos que fueron asesinados por las fuerzas del orden. En sus declaraciones hacia los medios, Campos asentó su propuesta en que las movilizaciones contra mandataria de diciembre y enero del 2022 no correspondían a “protestas”; sino a “marchas violentas”; recurriendo a la revictimización.